Los magistrados de la Sala de lo Civil, presididos por Juan Antonio Xiol, han condenado a la empresa a pagar un total de 87.000 euros en cuatro indemnizaciones que van de los 18.000 a los 24.000 euros.

El conflicto jurídico se originó cuando varias pacientes se vieron obligadas a someterse a la extracción de las prótesis implantadas después de que la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios alertase en julio de 2000 sobre los peligros de los implantes comercializados por AEI.

COMPLICACIONES

La sentencia hecha pública este miércoles subraya que, aunque las prótesis sustituidas venían siendo empleadas en España desde 1994 y habían pasado los controles necesarios tanto españoles como europeos, a partir del 1999 se empezaron a detectar “complicaciones en mujeres portadoras con interrogantes acerca de la seguridad del producto que la empresa fabricante no se encontraba en condiciones de responder”.

Finalmente se comprobó que los implantes tenían “efectos genotóxicos para las pacientes portadoras o su descendencia”.

El Tribunal Supremo anula con su resolución la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, que negó a las mujeres el derecho a percibir la indemnización solicitada con fundamento, principalmente, en la falta de prueba del carácter defectuoso del producto.

Los magistrados del Alto Tribunal han concluido en cambio que la responsabilidad del fabricante nace en el hecho de que el producto “objetivamente no ofrecía la seguridad que cabría legítimamente esperar”. La sentencia destaca además que la empresa omitió “los estudios necesarios” para determinar si el producto era peligroso o no.