El importe supone un crecimiento del importe de la factura de la luz del 21,1% a lo largo de la década, y un 61,3% más que hace quince años. A lo largo de 2019, el recibo del usuario medio llegó a oscilar en un 23,5%, desde los 64,62 euros de diciembre hasta los 79,79 euros de enero.

Por otra parte, Facua denuncia “la incertidumbre que supone para los usuarios un modelo en el que las tarifas varían cada día” y reclama una bajada del IVA, recordando que, al añadir dicho impuesto al impuesto especial sobre la electricidad, los impuestos indirectos encarecen el recibo de la luz en un 27,19%.

Así, para la organización, las medidas en materia eléctrica planteadas en el acuerdo programático entre PSOE y Unidas Podemos para la legislatura son “positivas” pero las considera “insuficientes”. En este sentido, esperan que la bajada del precio del término fijo del recibo sea “realmente drástica” y recuerda que el precio del kilovatio (kW) se multiplicó por dos durante las legislaturas del PP de Mariano Rajoy.

En cuanto a la reforma que PSOE y Unidas Podemos proponen para el bono social, Facua espera “que no sea más de lo mismo” ya que “el mismo anuncio se produce en todas las legislaturas y todos los modelos desarrollados hasta la fecha han sido un auténtico desastre, con descuentos poco significativos para la gran mayoría de usuarios que cumplían los requisitos para contratarlo, más allá del excesivamente limitado número de familias que han podido acceder a él”.

Asimismo, Facua considera positiva la modificación normativa prevista para eliminar la sobrerretribución, conocida como "beneficios caídos del cielo", que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y que “han recuperado más que sobradamente sus costes de inversión”.

Por último, la asociación ve “interesante” la propuesta de que el nuevo modelo de facturación eléctrica incorpore un precio más bajo para los primeros kilovatios hora (kWh) consumidos cada mes, al estimar que podría reducir los recibos de las familias, “siempre que la reducción sea significativa y el número de kWh con precios más bajos alcance unos mínimos aceptables y proporcionales al número de personas que residan en cada vivienda”.