Así se recoge en el apartado del documento relativo a la "regeneración democrática y transparencia", donde también se comprometen a promover "acuerdos parlamentarios de consenso que permitan la elección y renovación de los órganos constitucionales y organismos independientes, como en el caso del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el Consejo de Administración de Radiotelevisión

Española". Para la elección, dicen que tendrán en cuenta "los principios de mérito, capacidad, igualdad, paridad de género y prestigio profesional".

El nuevo Gobierno de coalición promete también un Plan Nacional y una Ley integral contra la Corrupción. Se propone eliminar el plazo máximo de instrucción en las causas judicales sobre la corrupción, lo que supone modificar la ley de Enjuiciamiento Criminal.

Asismimo, estudiará una reforma del Código Penal, introducirá un Estatuto del denunciante y ampliará la extensión de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinadas a la lucha contra la corrupción y los delitos económicos.

En el mismo sentido, aprobará un registro público y obligatorio de 'lobbies' y sus agendas y reuniones, regulará las condiciones de incompatibilidad del desempeño profesional de actividades privadas para los servidores públicos y

endurecerá las sanciones por su incumplimiento.

Igualmente, se combatirán los “cárteles” en la contratación pública, para desincentivar los fraudes y compensar el sobrecoste, resarcir los daños provocados y aumentar la transparencia.