Los populares presentaron esta petición después de que su presidente, Pablo Casado, anunciara que su partido solicitaría a la Junta Electoral de Barcelona que ejecute la sentencia del TSJC de inhabilitación contra Torra por desobediencia, al no retirar los lazos amarillos de los edificios públicos catalanes, contraviniendo las órdenes de la Junta Electoral Central, para su destitución.

El PP también ha propuesto modificar la euroorden para la entrega automática de los reclamados por sedición y rebelión y tipificar el delito de rebelión impropio y el referéndum ilegal.

En su escrito, el PP recuerda que el artículo 6.2 b) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), tras la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero, establece que resultan inelegibles “los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal.”

Esto le sirve para recordar que la inelegibilidad afecta “al acto electoral en su raíz y comporta, en el caso, por ser sobrevenida la pérdida de la condición representativa adquirida, la de diputado del Parlamento de Cataluña, al haber sido inhabilitado en virtud de sentencia, aun cuando no firme, por la comisión de un delito tipificado en el Título XIX del Código Penal, ‘De los delitos contra la Administración Pública’”.

Añade el PP que dicho artículo, así como el 6.4 de la referida ley, es de aplicación a las elecciones autonómicas, lo que incluye también a Cataluña.

Al ser competente para la ejecución de la sentencia la Junta Electoral Provincial de Barcelona, por ser la que efectuó en las elecciones al Parlamento catalán la proclamación de los electos como diputados y la expedición de las credenciales, el PP reclama a la misma que ejecute la sentencia del TSJC de inhabilitación contra Torra, con el objeto de su destitución, y que proceda a favor del siguiente de la lista en que concurrió.