El TJUE dictó ayer que Junqueras gozaba de inmunidad como europarlamentario electo tras las elecciones europeas en las que resultó elegido, pese a que no haber sido autorizado a cumplir ciertos requisitos previos, en base al derecho interno español, por el Tribunal Supremo que le juzgaba por la organización del referéndum del 1-O.

Ante esta situación, el Gobierno emitió un comunicado en el que afirmó que acata el fallo del Tribunal de Justicia de la UE, añadiendo que compete al Supremo "decidir ahora cómo da cumplimiento a la resolución del tribunal europeo, a cuyo superior criterio está vinculado".

Este comunicado ha sido remitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores al conjunto de embajadas españolas en el extranjero para explicar, si es necesario, la posición del Ejecutivo en sus respectivas áreas de influencia, según adelantó ‘The Diplomat in Spain’ y pudo confirmar Servimedia de fuentes diplomáticas.

Estas mismas fuentes añadieron que Exteriores manda regularmente todos los comunicados del Gobierno sobre asuntos relevantes de la actualidad internacional.

Ese comunicado consta de ocho puntos y en él se afirma que “el Gobierno respeta y acata las resoluciones de los tribunales españoles, así como de los supranacionales, a cuya jurisdicción se somete en virtud de los tratados internacionales firmados por España”. También se añade que "el Tribunal Supremo es el órgano que debe decidir ahora cómo da cumplimiento a la resolución del tribunal europeo, a cuyo superior criterio está vinculado".

En los puntos dos, tres y siete, el Ejecutivo subraya que el fallo "es una cuestión jurisdiccional adoptada en el ámbito de la independencia de los tribunales", que se ha emitido porque "la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el alcance de la inmunidad del señor Junqueras como eurodiputado electo", y que "no analiza ni se pronuncia sobre la sentencia de 14 de octubre de 2019 del Tribunal Supremo" que condenó a Junqueras y el resto de líderes del 'procés'.

Para el futuro inmediato, el Gobierno constató que, de momento, el Supremo "ha abierto un plazo de consulta a las partes para que presenten sus alegaciones", y advierte de que "la Abogacía del Estado está estudiando con el debido detenimiento la sentencia y presentará su escrito en los próximos días".

A nivel político, el Gobierno comentó que "se ratifica en la necesidad de abrir una nueva etapa de diálogo, negociación y acuerdo entre todos los actores políticos, desde el respeto a las legítimas diferencias, en el marco de nuestro Estado social y democrático de Derecho".