El Cermi señaló que ha recibido quejas de personas con movilidad reducida, en las que manifiestan que para poder hacer uso de habitaciones accesibles –las únicas que se ajustan a sus necesidades- se les obliga en algunos establecimientos a abonar tarifas más altas que las ordinarias, al ser consideradas de mayores prestaciones.

Por ello, solicita del Defensor del Pueblo que compruebe si esta empresa pública, Paradores, incurre en una práctica discriminatoria hacia la clientela con discapacidad y si hay evidencias de ello, corregirlas inmediatamente para que no se dispense un trato más desfavorable por razón o motivos de discapacidad.

"La accesibilidad universal", recuerda el Cermi, "es un mandato legal y un derecho de toda persona con discapacidad que no puede ser gravado con costes ad hoc ni servir de excusa para incrementar las tarifas que estén establecidas con carácter general para todos los potenciales clientes, sin discriminaciones".