A juicio del Cermi, el ordenamiento jurídico necesitaba de una norma legal de carácter global de lucha contra todo tipo de discriminación, que dote a las potenciales víctimas y a los movimientos sociales representativos de instrumentos adecuados de prevención y defensa.

La entidad que representa a las personas con discapacidad afirma en un comunicado que esta iniciativa legislativa viene a llenar un hueco, puesto que la "legislación antidiscriminatoria vigente hasta el momento es fragmentaria al resultar aplicable solamente a determinados ámbitos o a determinadas grupos o motivos de discriminación".

"Además", agrega, "dado que los sucesivos procesos de transposición de las directivas europeas de igualdad de trato se hicieron en tiempos diferentes y con ambición y alcance distintos, el resultado es incoherente y desigual".

Las personas con discapacidad, por ejemplo, disponen en España de una legislación de igualdad de trato específica desde el año 2003, que ahora se verá reforzada con un marco global de no discriminación, que potenciará la posibilidades de defensa ante violaciones de derechos y conductas discriminatorias, agrega el Cermi.