En una actuación inédita, Calderó hizo una comparecencia pública en la que defendió la profesionalidad de los integrantes de las juntas de tratamiento de prisiones e insistió en que sus decisiones están fundamentadas y se ajustan a los mismos criterios en todo el territorio nacional.

Explicó también que la decisión de elevar esta propuesta a las autoridades de la Generalitat, que la deben aprobar en un plazo de dos meses, se adoptó tras un “intenso debate” y “sin unanimidad”.

El secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat explicó de manera detallada el procedimiento para tomar esta decisión, insistió en que la condena a prisión no es “un castigo” sino una vía para rehabilitar al condenado y puntualizó que, en cualquier caso, la decisión última sobre la progresión de grado penitenciario está en manos de los jueces.

Una vez conocida la propuesta de las juntas de tratamiento de las prisiones de Mas Enric, Puig de les Basses y Lledoners, se abre un plazo de dos meses para que la Consellería ratifique la resolución. Las juntas son órganos técnicos y profesionales en los que están presentes psicólogos, educadores, trabajadores sociales y juristas y cuentan con un representante de la administración catalana que dispone de voto de calidad, que sólo funcionaría en caso de empate.

Calderó explicó que en estos órganos se tiene en cuenta la conducta de los condenados en prisión, sus posibilidades laborales, el apoyo social y familiar, la posibilidad de reincidir y la falta de antecedentes, entre otros factores. El segundo grado penitenciario es el más frecuente en el sistema penitenciario español y permite a los presos salir para trabajar, hacer voluntariado o cuidar familiares.

Esta semana se cumplen dos meses desde que el Tribunal Supremo dictó la sentencia del `procés´ y se agota el plazo máximo para que las prisiones catalanas decidan sobre la clasificación de los presos. El plazo de dos meses para la ratificación de esta propuesta hace inviable que los presos puedan salir de prisión antes de la Navidad.

Si se ratifica el segundo grado, todos los condenados afectados prevén reclamar la aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario, que les permitiría salir durante el día para trabajar, hacer tareas de voluntariado o cuidar familiares. No obstante, no hay precedentes de que se aplique el citado artículo al mismo tiempo que se califica al penado en segundo grado.

La Fiscalía podría oponerse a la concesión del segundo grado penitenciario o a la aplicación del artículo 100.2, tras la aprobación por la Generalitat. En ese caso, el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia de Barcelona sería la encargada de decidir. Muy diferente sería la situación en caso de que se les hubiera concedido el tercer grado, que les permitiría ir sólo a dormir a la cárcel y tener los fines de semana libres, pero su revisión estaría en manos del Tribunal Supremo que les condenó.

El Tribunal Supremo rechazó en su momento la petición de la Fiscalía para que los condenados del `procés´ no pudieran gozar del tercer grado hasta haber cumplido la mitad de la pena, cuando el régimen ordinario establece que se pueda solicitar una vez cumplida la cuarta parte de la condena.