El representante general de PSOE-Progresistas, Francisco Virseda, expone en su escrito que los hechos relatados "infringen gravemente" lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, "toda vez que en dicho precepto se prohibe rigurosamente la realización por los poderes públicos que hayan convocado un proceso electoral, la realización de campañas publicitarias salvo las destinadas a informar a los ciudadanos sobre la fecha y proceimiento para ejercer su derecho de voto y los requisitos y trámites del voto por correo".

Asimismo considera que esos hecho son "suficientemente indiciarios de una posible comisión de un delito de malversación de caudales públicos", al dar una autoridad "una aplicación privada, en este caso partidista, a bienes pertenecientes a la Administración del Estado".

El PSOE solicita de la Junta Electoral que declare no ajustada a derecho la actuación llevada a cabo por el vicepresidente primero del Gobieno y, en consecuencia, prohiba el envío de la propaganda electoral denunciada por medio de los servicios de la Vicepresidencia y del Ministerio de la Presidencia, "aplicando la sanción que proceda".