Almunia, que respondió a preguntas de usuarios de distintos puntos de España y Europa, dijo que la política fiscal que piensa desarrollar el PSOE se basará en "mantener la actual tarifa, redcir la carga fiscal sobre las rentas del trabajo, equilibrar la carga fiscal entre trabajo y capital, hacer que todas las deducciones y desgravaciones sean de la misma cuantía con independencia de la renta que declare el contribuyente y hacer que las plusvalías tributen por el tipo medio del contribuyente y no todas al 20%".

"En definitiva", dijo, "hacer que el IRPF vuelva a ser un impuesto progresivo, eliminando los elementos injustos que ha introducido y que quiere mantener el PP".

Sobre la pricipal diferencia entre PP y PSOE en cuanto a políticas económicas y sociales, Almunia respondió que la política económica que él defiende "tiene como prioridad el empleo, la educación y la asimilación en beneficio de todos los ciudadanos del progreso tecnológico, y la política del PP tiene como prioridad alimentar a los grandes grupos de poder económico que Aznar ha creado con las privatizaciones".

En cuanto a la posibilidad de que España sea en un futuro un Estado federal, afirmó que "el Estado de la Autonomías que diseñamos en la Constitución y hemos desarrollado desde entonces", dijo, "se parece mucho a un Estado federal". Agregó que "la orientación federal, en el desarrollo autonómico de los próximos años, es necesaria para la reforma del Senado, para construir un nuevo sistema de financiación, para que los mecanismos de cooperación entre Administraciones funcione correctamente y para que la personalidad propia de cada comunidad autónoma sea compatible con un proyecto global para España y con mecansmos de solidaridad entre las diferentes nacionalidades y regiones".

Sobre los cambios que introduciría en el ámbito de la Justicia, Almunia dijo que sus principales objetivos son "reforzar la legitimidad del Consejo General del Poder Judicial, ampliar el número de jueces para que la justicia se imparta de una manera más rápida y dotar de medios económicos a la Administración de Justicia para que modernice al máximo su funcionamiento".