En un comunicado, el sindicato explicó que la directiva se ha propuesto en consonancia con el proyecto BEPS (‘Base Erosion Profit Shifting’, traducido como ‘Erosión de la base imponible y traslado de beneficios’) de la OCDE.

Este proyecto busca evitar prácticas empresariales basadas en “planificaciones fiscales agresivas orientadas a la elución y evasión fiscal, que aprovechan vacíos legales y desajustes normativos para trasladar artificialmente beneficios a localizaciones de la empresa con escasa o nula actividad real y con tipos impositivos nulos o muy bajos”. Eso ocasiona menos recaudación para los Estados en los que se producen estas situaciones y “competencia desleal” respecto a empresas de menor tamaño, que no pueden llevar a cabo estas prácticas.

La Comisión Europea elaboró en 2012 un plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal. En 2016, este plan dio lugar a una directiva respecto al intercambio obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad y esta información, por el marco BEPS y la normativa comunitaria, ya estaba disponible para todas las agencias tributarias, pero no para la ciudadanía.

Según esta norma, las empresas deben especificar dentro de sus informes de gestión, sus memorias de información no financiera, “los beneficios obtenidos país por país; los impuestos sobre beneficios pagados y las subvenciones públicas recibidas”.

CCOO lamentó que finalmente no saliera adelante con la abstención de Alemania y reivindicó la transparencia y el derecho de los ciudadanos a conocer “los impuestos realmente pagados por las empresas en los diferentes países”. Además, consideró preciso “cambiar la concepción dominante sobre la finalidad de una empresa, que no puede ser, únicamente, la retribución del accionista”.