Así lo recoge este decreto de medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación, publicado este sábado en el BOE.

Con la promulgación de este decreto, se abre el plazo de 30 días para que el Congreso de los diputados, ya sea la Diputación Permanente esta próxima semana o el Pleno, convaliden la norma, que después debe ser desarrollada con una orden ministerial.

En cuanto a esta orden ministerial por la que se revisan los parámetros del régimen retributivo específico, el decreto amplía su plazo de aprobación hasta el 29 de febrero de 2020, ante las circunstancias excepcionales derivadas del prolongado periodo en el que el Gobierno se ha encontrado en funciones, que han impedido completar la tramitación necesaria de la revisión de dichos parámetros.

Esta ampliación del plazo para la revisión de los parámetros retributivos, revisión que tendrá efectos desde el inicio del periodo regulatorio el 1 de enero pese a que pueda ser aprobada de forma posterior, el 1 de enero de 2020, requiere una norma con rango legal.

Para acogerse a este beneficio de mantener la retribución los responsables de estas instalaciones deben renunciar a los procesos arbitrales o judiciales en marcha, así como a la percepción de las indemnizaciones que se les hayan reconocido.

Si estas instalaciones no aceptan estas condiciones a partir del 1 de enero de 2020 su retribución se reducirá del 7,39% al 7,09%, lo mismo que ocurrirá con aquellas instalaciones más modernas que no sufrieron el recorte de 2013.

Actualmente siguen abiertos 45 laudos arbitrales contra el Reino de España por ese cambio regulatorio, cuyas denuncias se acercan a los 10.000 millones de euros. Además, se han resuelto ya diez en contra de los intereses del país, reconociendo indemnizaciones por valor de 821 millones.

Por otro lado, el real decreto aprobado hoy contempla otra medida destinada a paliar los efectos del cierre de ocho de las 14 plantas de carbón activas en España antes del 30 de junio de 2020.

En concreto, establece que será un criterio prioritario para la adjudicación de los puntos de conexión y de evacuación a la red de las centrales que se cierren y de la concesión de agua para refrigerar las nuevas instalaciones, aquellos proyectos que destinen su inversión a generar empleo de calidad en la zona.