El texto contempla la posibilidad de que las 64.000 instalaciones renovables afectadas por el recorte a su retribución, aplicado en la reforma energética que llevó a cabo el Gobierno de Rajoy en 2013, puedan seguir manteniendo el valor actual durante dos periodos regulatorios más, hasta el año 2031.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) consideró que “esta norma da respuesta a una necesidad urgente del sector fotovoltaico y renovable, que en los últimos años ha sufrido las consecuencias negativas asociadas a la inestabilidad regulatoria y a la constante incertidumbre que esta supone”.

Además, alabaron “la iniciativa de concesión de la capacidad de acceso que se libere después del cierre de las centrales térmicas a tecnologías limpias en base a criterios medioambientales y sociales”.

El presidente de UNEF, Jorge Barredo, remarcó que “eliminar la incertidumbre es fundamental para atraer las inversiones necesarias para desarrollar los más de 30 GW de proyectos fotovoltaicos que se tienen que instalar a 2030 para cumplir con los objetivos definidos por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima”.

Por su parte, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), indicó que el real decreto ley “aporta estabilidad a las familias fotovoltaicas españolas, que acumulaban 10 años de agresivos recortes retroactivos”.

“Esto significa que las 60.000 familias fotovoltaicas españolas, que acumulan 10 años de agresivos recortes retroactivos, que han mermado hasta en un 50% las retribuciones acordadas por el Estado en su momento no van a verse expuestas a un recorte adicional del 20%”, remarcaron en un comunicado.