Así lo indicó un socio de Laboral del citado despacho, Luis Enrique Fernández, en una jornada organizada conjuntamente con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en la que se abordó la directiva sobre 'whistleblowing' y su incidencia en las investigaciones empresariales.

La directiva fue aprobada el pasado 7 de octubre. Aún debe publicarse en el diario oficial europeo y trasponerse por los estados miembros dentro de un plazo de dos años.

Esta norma viene a reforzar la protección de aquellas personas que tienen conocimiento de actividades fraudulentas de una determinada empresa y sirve para promover que lo denuncien sin temer represalias por ello. La directiva amplía la protección de estos denunciantes y abarca, no sólo a trabajadores, sino a todo el entorno que rodea a la actividad empresarial como pueden ser becarios, personas que trabajan bajo la dirección o supervisión de contratistas, personas que todavía no han comenzado a trabajar con la empresa o han finalizado su contrato, voluntarios o los mismos accionistas y socios de la compañía.

La directiva se aplica a infracciones o abusos de la legislación europea en materia de contratación pública, servicios financieros, prevención blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, seguridad del transporte, protección del medio ambiente, protección de la privacidad o seguridad alimentaria, entre otros.

La socia de Penal económico e investigaciones de Pérez-Llorca, Adriana de Buerba, señaló en la jornada que la directiva es “una norma de mínimos” y que “nada impide a los Estados extender esta normativa a todo tipo de infracciones” en la trasposición.

Aquellas personas que denuncien pueden hacerlo a través de canales internos, dentro de la propia empresa o de las administraciones públicas, y a través de canales externos a la compañía.

En este sentido, el socio de Laboral de Pérez-Llorca señaló que algunas multinacionales ya están creando sus propias divisiones de investigación interna, pero no todas las empresas optan por esta vía y prefieren contar con el apoyo de un tercero o que se ocupe de todo el proceso un agente externo como puede ser un despacho.

La directiva obliga a mantener la confidencialidad de la identidad del denunciante. La denuncia puede ser escrita o verbal y tiene que tramitarse en un plazo máximo de seis meses, lo que según Pérez-Llorca, puede ser un periodo de tiempo escaso, dado que la investigación debe hacerse de manera sigilosa.

Además, desde este bufete explicaron que la protección al denunciante no es absoluta, ya que están excluidas las denuncias de mala fe o que no tengan una base razonable, aunque admitieron que “la buena fe es una cosa muy difícil de demostrar”.

Los denunciantes tampoco gozarán de protección si acuden directamente a los medios de comunicación para denunciar, pero sí estarán protegidos si previamente han acudido a los cauces normativos y no ha resultado útil o hay un riesgo de represalia y por ello, deciden hacer pública la denuncia a través de los medios de comunicación.

La directiva determina que habrá sanciones para quienes obstaculicen la presentación de denuncias, tomen represalias como despedir o cambiar el horario laboral, inicien procedimientos vejatorios contra los denunciantes y violen el deber de confidencialidad.

No obstante, la directiva no especifica las sanciones, sino que insta a los Estados miembros a que las definan.

Asimismo, “la directiva quiere que cada país ajuste su sistema de relaciones laborales y libertades sindicales a su propia idiosincrasia” y se dé, si lo así lo estiman, un papel a patronales y sindicatos para facilitar la posibilidad de denunciar, según explicó otro socio de Laboral de Pérez-Llorca, Fernando Ruiz.

Por su parte, el director de Legal de CEOE, José María Campos, defendió que “las empresas están adoptando una responsabilidad social cada vez mayor y esta es la tendencia”. A su juicio, la empresa de hace 30 años no tiene nada que ver con la empresa que tenemos afortunadamente”, que tiene un comportamiento “ético”.