Esa decisión ha quedado ya plasmada en una orden ministerial que próximamente se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según informó este jueves el departamento dirigido en funciones por Teresa Ribera.

La decisión se ha adoptado con las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que estipulan que el Ministerio para la Transición Ecológica podrá autorizar un trasvase de forma discrecional pero motivada cuando el sistema está en el nivel 3.

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, reunida este jueves en la sede de Transición Ecológica, propuso un trasvase para el mes de noviembre de 14,7 hectómetros cúbicos (hm3) teniendo en cuenta el informe de situación que había sido presentado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex).

Este informe indica que, a 1 de noviembre de 2019, el volumen embalsado en Entrepeñas y Buendía era de 456,8 hm3, por lo que queda un volumen autorizado pendiente de trasvasar de 19,2 hm3 y resulta un volumen de embalse efectivo de 437,6 hm3, inferior al de referencia de 609 hm3 correspondiente al mes de noviembre. Por tanto, se constata que el sistema se encontraba en la situación hidrológica excepcional o nivel 3, que se inició en el mes de mayo.

Sin embargo, la propia Comisión también constató la previsión de entrada del sistema en nivel 4 previsiblemente a primeros de enero, por alcanzarse unas reservas conjuntas en los embalses de Entrepeñas y Buendía inferiores a los 400 hm3. Este nivel 4 implica la imposibilidad de realizar ningún tipo de trasvase, ni siquiera para abastecimiento.

Asimismo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elaborado un informe específico para la cabecera del Tajo en el que prevé una acumulación media de lluvias para el próximo trimestre que se sitúa en el rango de la normalidad climática, pero esto, aplicado al trasvase, significa un régimen de aportaciones por debajo del de extracciones.

Por tanto, la decisión de limitar el trasvase a 7,5 hm3 para abastecimiento urbano se fundamenta en la aplicación del principio de precaución y posibilita que se pueda garantizar durante más tiempo el uso para consumo urbano restringiendo todas las aportaciones que no vayan destinadas a abastecimiento.