Según informó este sábado la Policía, en esta operación han sido detenidas 12 personas, cuatro de ellas encargadas de la obtención de la señal televisiva y de su posterior difusión ilegal, además de publicitar este servicio, captar clientes y realizar los cobros.

La trama habría logrado un beneficio económico superior al millón de euros, con una inversión en soporte técnico de unos 70.000 euros. A los detenidos se les imputan delitos contra la propiedad intelectual, industrial, relativos al mercado y los consumidores, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

Como resultado de esta actuación policial se han cerrado siete páginas web y dos perfiles en redes sociales donde se anunciaban los servicios ilícitos. Además, se han intervenido 86 decodificadores de señal de televisión 15 discos duros, 10 ordenadores, 17 teléfonos móviles, un vehículo de alta gama, dos servidores NAS y 22.919 euros en efectivo.

DOS AÑOS DE PESQUISAS

La operación de desarrolló tras detectar la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía en 2017 una página de Facebook, que en ese momento contaba con más de 1.700 seguidores, en la se ofertaba el acceso a canales de televisión de pago y vídeos bajo demanda de manera ilícita.

La actividad desarrollada por el grupo consistía en la obtención legal de la señal emitida por parte de las principales plataformas de televisión de pago, para posteriormente subir fraudulentamente dicha señal a servidores en el extranjero de diferentes compañías.

A su vez, los investigados desarrollaban una actividad paralela destinada a dar publicidad a sus servicios, difundiendo sus ofertas y captando clientes, a los que facilitaban el acceso a los contenidos alojados en los servidores a un precio muy inferior al de mercado, empleando para ello software destinado al alojamiento de listados de canales y guías de acceso a los mismos.

REVENDÍAN LA SEÑAL PIRATA

Las gestiones realizadas permitieron identificar a los 12 miembros que formaban el entramado investigado y que se encontraban divididos en dos niveles. Un primer escalón formado por cuatro personas encargadas de la obtención de la señal televisiva y su posterior difusión ilegal, dar publicidad al servicio que prestaban, captar clientes, facilitar y gestionar sus accesos, así como cobrarles, principalmente a través de plataformas digitales de pago.

Un segundo nivel estaría formado por ocho miembros denominados ‘resellers’ o revendedores, cuya principal actividad consistía en adquirir los servicios integrantes del primer nivel a un coste reducido -derivado del elevado volumen de compra- para posteriormente comercializarlos entre sus clientes.

Tras dos años de investigación se procedió a la detención de los 12 integrantes de la trama. Además se realizaron 13 entradas y registro en domicilios e inmuebles de Madrid, Toledo, La Rioja, Ávila, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria y Valladolid, entre los que se encontraba un local comercial destinado a la venta y comercialización de servicios de televisión e Internet.