Según informó la Policía, las investigaciones comenzaron a principios de este año, tras recibir varias denuncias que alertaban sobre varios ilícitos penales cometidos contra los intereses de la Tesorería General de la Seguridad Social. Gracias a ello, se descubrió la generación de un fraude por valor de 3.449.660,77 euros.

El estudio de la documentación permitió comprobar que las personas implicadas pretendían eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar, de este modo, las legítimas aspiraciones de cobro por parte de la Tesorería.

Para ello, en algunos casos crearon sucesiones empresariales en las que las sociedades deudoras eran cerradas sin los trámites legales oportunos y sustituidas por otras que estaban latentes y listas para ser puestas en marcha rápidamente libre de cargas. También se encontraron empresas pantalla que ocultaban los beneficios y el patrimonio de las sociedades investigadas.

Los seis responsables del delito resultaron ser los administradores de hecho de las empresas, al igual que varios familiares que estaban desarrollando la función de administradores de las mercantiles como testaferros.

En esta sucesión empresarial opaca dedicada a la explotación de un club de alterne en Toledo participaron seis empresas principales ayudadas por, al menos, otras dos secundarias. Un total de 86 trabajadores coincidían en más de una de las empresas implicadas, siendo la deuda acumulada con la Seguridad Social de 1.339.062,70 euros.

El uso del dinero en metálico era la norma en las empresas investigadas. Estos distribuidores, que en algunos de los casos trabajaban con los mismos productos, servían a petición de su cliente semanalmente con el único fin de que sus facturas nunca superasen los 2.500 euros, consiguiendo de esta forma evitar tener que hacer transferencias, según señala la normativa.

Una de estas sociedades, radicada en Salamanca, se dedicaba aparentemente al alquiler de equipos para cultivos, aunque los trabajadores dados de alta se ocupaban en su mayoría a cuidar animales. Esa sociedad era la que alquilaba el edificio de Toledo, donde se desarrollaba la actividad de alterne por cuantías anuales que, en los últimos ocho periodos, oscilaron entre los 400.000 y el millón de euros.

Este 'autoalquiler' parecía cumplir una función fundamental, que era justificar el gasto de las sociedades explotadoras del edificio para, así, reducir impuestos, aumentando los costos de explotación de la sociedad gestora con el fin de declarar menos ingresos.