Según recordó, la normativa contempla para ello medidas como promover las buenas prácticas de pago, implantar un sistema arbitral de morosidad y un régimen sancionador, todas ellas incluidas además dentro de las recomendaciones efectuadas por la Comisión Europea a los estados miembros para acabar con esta “lacra”.

“Los impagos a proveedores tienen un gran impacto económico y también directo en la sociedad, provocando el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo”, alertó Cañete y señaló que su puesta en marcha “no supondrían ningún coste para los españoles ni para la Administración”.

La plataforma refirió al respecto que la Comisión Europea estima en unos 6,5 millones los puestos de trabajo que podrían haberse creado en Europa si hubiera habido menos retrasos en el pago de facturas a proveedores. Conforme al estudio de Bruselas, la eliminación de la morosidad crónica en Italia, Portugal y España reduciría entre 124.000 y 248.000 los cierres de empresas cada año.

“Esperamos que tanto el nuevo gobierno como los partidos de la oposición hagan que en esta nueva legislatura la lucha contra la morosidad sea una realidad efectiva y prioritaria. Para ello el único camino es darle continuidad en el Congreso al trámite de la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad, que aprobó el Pleno de la Cámara por unanimidad hace más de dos años”, indicó.