Los partidos que se sentían afectados habían denunciado que detrás de esta campaña se encontraban personas ligadas al Partido Popular, con el afán de generar confusión entre los votantes de izquierda -tras el fracaso de investidura de Pedro Sánchez este verano- y para promover que sus votantes se queden en casa en las elecciones generales de este domingo.

La Junta Electoral archiva, en primer lugar, las denuncias referidas a la implicación del PP dado que la documentación presentada "no ha acreditado mínimamente que esta formación pueda ser autora de los hechos", el partido de Pablo Casado "ha rechazado cualquier participación en esos hechos" y los verdaderos autores identificados "han rechazado explícitamente" que los populares estén tras la campaña.

También rechaza la responsabilidad de dichas personas porque la Ley Orgánica General del Régimen Electoral prohibe realizar campañas a cualquier "persona jurídica distinta de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores". Como "la prohibición no afecta legalmente a las personas físicas", la Junta explica que los autores "no pueden vulnerar dicho precepto".

Finalmente, la Junta Electoral Central explica a partir de otros antecedentes que el caso examinado "impide apreciar infracción electoral" porque debe entenderse que "las actuaciones denunciadas están amparadas por el derecho fundamental a la libertad de expresión, al no poder considerar que estén directamente encaminadas a captar votos favorables para una candidatura sino a exteriorizar posiciones críticas o discrepantes con las posiciones defendidas por determinadas formaciones políticas, en el marco del debate público propio de toda campaña electoral, que no puede quedar reservado en exclusiva a los partidos políticos y sus candidaturas".