El Cidao quedó incluido en el plan anual de conciertos del año 1991, junto con otras 263 entidades públicas y privadas. Este plan fue autorizado por el ministerio de Justicia con fecha de 28 de septiembre de 1990, formalizandose el 18 de diciembre de 1990 el preceptivo concierto con un total inicial de 119 puestos de actividades para objetores de conciencia en dicha entidad.

En la respuesta se especifica que la dedicación personal en el puesto asignado viene organizado en jornada intensiva, partida o especial, con una duración semanal entre las 35 0 40 horas.

Asimismo, se añade que los colaboradores sociales adscritos a los puestos concertados con el Cidao desarrollan actividades de información y gestión administrativa de los programas y centros dependientes de dicha entidad.

Al ministerio de Justicia le corresponde la gestión e inspección de la prestación social sustitutoria de lo objetores de conciencia, según establece la Ley 48/1984.

Estas funciones las ejerce el ministerio de Justicia a través de la Oficina para la Prestación Social de los Objetores de Conciencia, que tiene expresamente atribuidas, entre otras, las de controlar, en relación con el contenido de la prestación social, la actividad de los órganos y entidades, públicas o privadas, de los que dependen los programs o centros en los que se realice aquella.

Por su parte, la Oficina para desarrollar la citada fnción cuenta, a nivel central, con un Servicio de Inspección y, a nivel periférico, bajo la dependencia orgánica de aquélla y la funcional de las Delegaciones de Gobierno, con inspectores delegados, cuyos puestos fueron creados en la correspondiente realización de puestos de trabajo, aprobada por orden ministerial de 15 de octubre de 1991.

El pasado mes de septiembre se celebró en Madrid una reunión con todos los inspectores nombrados, con finalidades formativas y de unificación de criterios de actuacón y se elaboró un plan de inspección con el que se pretende llevar a cabo, durante el primer semestre de 1993, un total de 180 visitas a entidades colaboradores de la prestación social, con una incidencia aproximada del 25 por ciento, sobre la totalidad de objetores en situación de actividad.