“El objetivo de la demanda es obligar a los bancos a que cesen en la aplicación de estas cláusulas y devuelvan, además, todo el dinero percibido de forma indebida”, explicó la presidenta de Asufin. Según los cálculos de la asociación, unos ocho millones de consumidores se han visto perjudicados por lo que supone “un abuso de la banca que carga sobre sus clientes una serie de gastos que, por su propia naturaleza, no podrían repercutir sobre el particular”.

El Tribunal Supremo ya declaró abusivo, en diciembre de 2015, que los clientes tuvieran que afrontar, obligatoriamente y sin negociación previa, todos los gastos en una sentencia contra BBVA, a la que, sin embargo, no condenaron a restituir las cantidades recibidas en este concepto.

La demanda, a la que ahora pueden sumarse todos los que hayan resultado afectados, reclama los costes de notaría, registro de la propiedad, impuesto de actos jurídicos documentados, verificación de la situación registral, tasación y gestoría, y amplía el espectro de acción no sólo a los gastos iniciales de constitución de hipoteca, sino también a los de su modificación, subrogación y cancelación.

Por ello, desde Asufin instaron a los hipotecados de los cuatro bancos contra los que se dirige la reclamación para que se adhieran al procedimiento ya sea a través de la asociación o por medio de su propio abogado, sin necesidad de afiliarse.