Así se pronunció en respuesta al informe de la Organización Europea de Consumidores (BEUC) sobre las inspecciones realizadas en 12 países de la UE. A juicio de OCU, en este “se constata que el número de controles alimentarios y los recursos asignados a ellos están disminuyendo en toda Europa”, incluidos los de alimentos con “mayor probabilidad” de causar intoxicaciones alimentarias.

En el caso de España, la organización de consumidores señaló que entre 2010 y 2017 el número de empleados responsables de realizar controles oficiales se redujo de 6.318 a 5.863, reducción que se reflejó en el número de inspecciones realizadas en los establecimientos, que experimentaron una caída del 8,6% en el mismo período.

En 2018 se controlaron de media 8 de cada 10 establecimientos y actualmente hay en España 4.633 inspectores dependientes de las consejerías de sanidad y consumo para inspeccionar un total de 602.144 establecimientos.

Tras precisar que la “debilidad” de los controles oficiales en cualquier país de la UE “pone en riesgo la salud de todos los consumidores europeos”, consideró “necesario que el coste de la inspección no se considere un gasto, sino una inversión y que sus resultados sean visibles para los consumidores”.

El informe europeo demuestra, a su entender, que los gobiernos “no toman todas las medidas necesarias para verificar el cumplimiento de la normativa” en materia de seguridad alimentaria, por lo que también instó a la Comisión de la UE a que garantice que los informes de los Estados miembros sean “completos, de fácil acceso y comparables entre países”.

Entre las principales conclusiones de dicha investigación, OCU destacó también que la “no uniformidad” de los informes de los Estados miembros “dificulta, cuando no hacen imposibles, las comparaciones” y que estos países otorgan “poca o ninguna prioridad” a los controles de etiquetado. Además, “pocos” países publican los resultados de las inspecciones de operadores individuales e informan a los consumidores sobre el cumplimiento de las normas de higiene en restaurantes y establecimientos de venta de alimentos, según OCU.

Ante esta situación, la organización se preguntó si los Estados miembros “están supervisando efectivamente” que las empresas “cumplan” con las reglas y si tienen los medios para hacerlo y puntualizó que la "desconfianza del consumidor perjudica en última instancia a las empresas y a la economía en general”.

OCU confió en que las nuevas normas de la UE -entrarán en vigor a partir del 14 de diciembre- sirvan para “armonizar” los informes de los Estados miembros sobre los controles de alimentos.