El Gobierno, en concreto el Ministerio de Cultura, está obligado a aportar los recursos necesarios para cubrir las diferencias que puedan producirse entre los ingresos de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza y la totalidad de los gastos necesarios para su funcionamiento, según consta en el contrato de adquisición de la colección por parte del Estado, y que desarrolla un decreto de 1993 sobre medidas reguladoras del contrato de adquisición de la colección.

El Gobierno adquirió ese año la colección privada del Thyssen, una de las más importantes del mundo, y se comprometió a hacerse cargo de los desajustes que pudieran producirse en los presupuestos.

Según señalaron fuentes de la Dirección General de Bellas Artes a Servimedia, el Museo Thyssen-Bornemisza prevé cerrar el ejercicio con un déficit de 8,7 millones de euros, de los cuales casi 5,6 ya están dotados en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados de 2018.

Por tanto, estos 3,1 millones adicionales se añaden ahora con cargo al Fondo de Contingencia de los Presupuestos Generales del Estado. Esto quiere decir que, si el año pasado el déficit de este museo era de 5,6 millones, este año es más de tres millones superior por la constante caída de visitas a la institución.

Desde la Dirección de Bellas Artes aseguraron que, en los últimos años, el Thyssen ha adoptado “medidas de ahorro para paliar en la medida de lo posible estos déficits”, que se han concentrado especialmente en la reducción del número de exposiciones temporales.

El Tribunal de Cuentas ya alertó en 2018 en un informe de una serie de deficiencias en la gestión contable del Thyssen-Bornemisza correspondiente al ejercicio 2015, y en el que recomendó introducir mecanismos de control sobre la cuantía del déficit dotable estimada por la fundación en sus presupuestos.