Además, rechazó la pretensión del PP de que esa norma fuera tramitada de forma urgente como proyecto de ley, algo que contó con 24 votos a favor, 35 en contra y una abstención.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentó el real decreto-ley ante la Cámara, que supone un impacto presupuestario de 774 millones de euros (557,7 millones en ayudas; 130,2 millones en actuaciones de la Administración General del Estado; 58,4 millones en exenciones y bonificaciones en materia de empleo y Seguridad Social, y 28,06 millones en beneficios fiscales).

La norma declara "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil" las provincias y comunidades autónomas afectadas por catástrofes naturales desde el pasado 1 de abril, requisito imprescindible para abrir la puerta a ayudas a damnificados en diversos episodios ocurridos especialmente durante el pasado verano, si bien el texto alude a los eventos catastróficos que pudieran ocurrir hasta el 31 de marzo de 2020.

Así, hubo grandes incendios forestales en junio en Lleida, Madrid, Tarragona y Toledo; inundaciones en julio en Navarra y Ourense; una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en agosto en Madrid, Zaragoza, Cáceres, La Rioja, Segovia, Valladolid, Ávila, Toledo, Ciudad Real, Alicante, Castellón, Valencia, Lleida, Sevilla, Málaga, Murcia y Baleares; grandes incendios forestales en agosto en Gran Canaria, y otra DANA en septiembre en Albacete, Alicante, Valencia, Almería, Málaga, Granada, Murcia, Baleares y Madrid.

El plazo general para pedir las ayudas es de dos meses desde la entrada en vigor del real decreto-ley, lo que ocurrió el pasado 21 de septiembre, por lo que las solicitudes podrán hacerse hasta el 21 de noviembre.

La norma habilita ayudas para paliar daños personales, daños materiales en vivienda y enseres, y en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros, turísticos y de otros serviciso, y por prestaciones personales o de bienes de personas físicas o jurídicas.

También habrá ayudas por daños causados en producciones agrícolas y ganaderas, a explotaciones agrícolas y ganaderas, además de beneficios fiscales, como la exención de las cuotas del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) y la reducción en el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas).

El texto alude a medidas laborales y de Seguridad Social, reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias, ayudas a entidades locales en situación de emergencia y para la recuperación de zonas siniestradas, y actuaciones de restauración forestal y medioambiental, el dominio público hidráulico y el dominio público marítimo-terrestre.

"Con la adopción de todas estas medidas, el Gobierno no sólo ha pretendido ser sensible a la realidad de los afectados, sino también hacerlo desde el rigor y la responsabilidad con las cuentas públicas", indicó Marlaska, antes de aclarar que los daños se financiarán con partidas presupuestarias de varios ministerios o con el Fondo de Contingencia.

CRÍTICAS

Por otro lado, algunos portavoces parlamentarios deslizaron críticas al real decreto-ley, pese a que fue aprobado por unanimidad. Por ejemplo, la portavoz del PP, Isabel Borrego, pidió que el texto se tramitara como proyecto de ley por el trámite de urgencia para que los grupos parlamentarios pudieran introducir enmiendas al texto original.

Joan Mesquida (Ciudadanos) aplaudió la "rapidez" en la aprobación del real decreto-ley, pero indicó que las ayudas "no cubren el impacto económico de las zonas afectadas" porque la estimación sólo para Murcia es de 1.000 millones de euros.

Juan Antonio Delgado (Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea) consideró que el real decreto-ley "se queda corto" en algunos temas, como que los agricultores sin seguro no vayan a cobrar ayudas, como precisó antes Joan Baldoví (Compromis), en el sentido de que el 93% de los agricultores de la Vega Baja del Segura se quedarán sin poder pedirlas.

Mikel Legarda (PNV) hizo dos "consideraciones críticas" desde el punto de vista jurídico, ya que recalcó que no era preciso enumerar todas las medidas en un real decreto-ley y que habría una "derogación singular" por las catástrofes que puedan suceder hasta el próximo 31 de marzo. Y Mertxe Aizpurua (EH Bildu) señaló que la norma llega "tarde" porque las inundaciones en Navarra ocurrieron el pasado 8 de julio.

Por último, la situación actual en Cataluña, con disturbios callejeros en diversas localidades tras las condenas del Tribunal Supremo a diversos líderes del 'procés', sobrevoló la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados, donde se celebró la Diputación Permanente. La presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, instó sin éxito a varios portavoces parlamentarios a que se limitaran a hablar del real decreto-ley que finalmente se aprobó y obviaran el otro asunto.