Esta ronda de encuentros con los partidos políticos más representativos (PSOE, PP e IU), está prevista que finalice este martes por la tarde, con una reunión de trabajo con la secretaria de Bienestar Social de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Lourdes Calleja.

En este sentido, coincidieron en abordar el proceso de ajuste de la legislación autonómica, a los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España; así como la "necesidad urgente" de la aprobación en la legislatura de la normativa pendiente en materia de discapacidad en Asturias.

Por su parte, el Cermi Asturias insistió en la incorporación de cláusulas sociales en los contratos con la Administración del Principado para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad; y en la prohibición de contratar con empresas que no cumplan la cuota legal de reserva de empleo para personas con discapacidad, establecida legalmente.

Además, incidió en la prohibición de entregar cualquier ayuda pública a empresas y entidades que, "estando obligadas", no observen la cuota legal de reserva en favor de personas con discapacidad de al menos un 6% de los contratos públicos que licite el sector público autonómico a empresas de empleo protegido sin ánimo de lucro de personas con discapacidad y de iniciativa social.

Asimismo, hizo hincapié en el sometimiento de las subvenciones que la comunidad autónoma asturiana entrega a entidades públicas o privadas para la realización de obras o proyectos de construcción e infraestructura al requisito previo de acreditación del cumplimiento de la legislación autonómica sobre accesibilidad y eliminación de barreras.

También se examinaron el despliegue del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), la accesibilidad del proceso electoral, la creación de un Foro Autonómico de Inclusión Educativa de las Personas con Discapacidad y la aprobación de un Plan Autonómico de Atención Socio-sanitaria a las Personas con Discapacidad y a sus Familias.

Por último, trataron la necesidad de asumir un compromiso para perseguir las actividades de juego ilegal que utilizan a las personas con discapacidad o a otros grupos sociales vulnerables como reclamo para sus fines ilícitos, así como las mejoras de la accesibilidad de entornos, productos y servicios, y los efectos en los derechos sociales de la actual crisis económica.