El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo 20, apartado 2, letra c), concede el derecho de los ciudadanos de la Unión a acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.

A su vez, el artículo 23 del Tratado dispone la adopción de directivas en las que se establezcan las medidas de coordinación y de cooperación necesarias para facilitar la protección consular de los ciudadanos de la Unión no representados en terceros países.

En cumplimiento de ese mandato, el Consejo de la Unión Europea aprobó el 20 de abril de 2015 la directiva 2015/637, sobre las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no representados en terceros países, por la que se deroga la Decisión 95/553/CE.

El objeto de este Real Decreto, que no impone cargas administrativas, es el establecimiento de los mecanismos y procedimientos de cooperación y coordinación con los otros Estados miembros y la Unión Europea para hacer efectivo el ejercicio del derecho a la protección consular de los ciudadanos europeos cuando éstos se encuentren en terceros países donde el Estado de nacionalidad no esté representado.

La norma propuesta consta de una parte expositiva y una parte dispositiva estructurada en 12 artículos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

A pesar de que el proyecto de real decreto se encuentra incluido en el Plan Anual Normativo para 2018, aprobado mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2017, no fue posible finalizar su tramitación ese año, por lo que dicha tramitación ha continuado durante 2019.