La defensa de Villarejo ha argumentado que no tiene acceso a toda la documentación de la causa y por ello ha pedido el aplazamiento de la declaración. Este jueves también estaban citados como investigados, la esposa de Villarejo, Gemma Alcalá, y el socio del excomisario, el abogado Rafael Redondo.

Alcalá ha asegurado que ella estaba autorizada en la cuenta en la que supuestamente se habían realizado los pagos por los servicios realizados por Villarejo. Pero ha asegurado que en ningún caso estaba al tanto de la procedencia de los ingresos ni de los trabajos que se habrían realizado a cambio.

Por su parte, Redondo explicó que los informes facilitados a los clientes eran elaborados directamente por Villarejo, aunque con datos que le facilitaban sus colaboradores. No ha podido asegurar que esos colaboradores fueran policías o usaran las bases de datos policiales, aunque sí ha indicado que cuando comenzó su relación con el excomisario no sabía que era policía, dato que solo conoció cuando le ascendieron.

También estaban citados los representantes de tres empresas sucesoras de la promotora de La Finca, Procisa, La Finca Global Assets, La Finca Somosaguas Golf y La Finca Promociones y Conciertos Inmobiliarios, que están imputadas como personas jurídicas. Además, de la accionista mayoritaria de Procisa, Susana García-Cereceda, el que fuera consejero de la promotora Francisco Lorenzo Peñalver y el responsable de seguridad David Fernández.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Procisa habría pagado más de 340.000 a Villarejo por esas tareas de espionaje y lo habría hecho "de forma opaca", aunque hay asientos contables de los años 2012, 2013 y 2014 que indican que el grupo Cenyt, propiedad del excomisario, habría facturado más de 362.000 euros a Procisa.

Los fiscales creen que Cenyt intervino en la investigación sobre varias propiedades incursas en un proceso judicial por el que se reclamaban a Procisa 70 millones de euros, incluso sospechan que fue esta empresa la que entregó un sobre a la jueza encargada del asunto.