Así lo indicó en una nueva edición de 'Diálogos de Servimedia', que esta agencia de noticias organiza con motivo de su 30 aniversario y que en esta ocasión se ha centrado en 'La sostenibilidad del sistema de pensiones'. Además de Escrivá participaron Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO; Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT; Paca Tricio, presidenta de UDP; Juan Manuel Martínez, presidente de Ceoma; y Jose Carlos Díez, profesor de Economía de la UAH.

Escrivá avisó sobre la tentación de creer que lo puede arreglar el Ministerio de Trabajo, ya que “no tiene apenas palancas” y tratar de solucionarlo subiendo cotizaciones sobre el coste del trabajo “probablemente no es asumible”, al encontrarse en España en un “nivel muy elevado”.

Su solución pasa, según defendió, por “que se visualice en Presupuestos Generales del Estado”, en ambas partidas de ingresos y gastos, aumente la edad efectiva de jubilación desde los 62,7-63 años actuales a los 67 legales y el periodo de cotización se extienda a toda la vida laboral.

“Es responsabilidad del Gobierno”, resumió, apuntado que debe abordarse además junto al “problema del déficit público” que acusa España, de “alrededor del 2%”, “para tener unas finanzas públicas sostenidas”.

“Las decisiones hay que tomarlas con tiempo como se tomó en el año 2011”, animó, asegurando que si se dan los pasos adecuados se podrá “mantener” una tasa de cobertura “que puede estar por encima del 50%” y podría mantener “un poder adquisitivo suficiente”.

El presidente de Airef emite esta conclusión después de que el organismo haya analizado la situación actual de las pensiones y su financiación y haya publicado recomendaciones sobre cómo debe abordarse para garantizar su sostenibilidad desde la óptica del Gobierno y del Pacto de Toledo.

PARTIDAS QUE NO DEBERÍA ASUMIR

De su análisis, Escrivá apuntó tres problemas principales. El primero es que el índice de revalorización de las pensiones “cuenta con unas deficiencias muy grandes”, que llega a provocar una desvalorización en las pensiones que, en algunos casos, alcanza el 30%. Prueba de ello, según reseñó, es que el propio Gobierno dejó de aplicarlo porque cuando empieza a desplegarse ve que “va a caer por su propio peso”.

El segundo sobre el que alertó es la propia financiación y costes de la Seguridad Social. Al respecto indicó que al analizar las cuentas de las administraciones públicas en un contexto de déficit público estructural del “entorno al 2%”, “casi tres cuartas partes” o cerca del 1,5% “aparece visualizado en la Seguridad Social” y “esto ha generado una enorme inquietud”. A su juicio, que este problema “esté en la Seguridad Social es contable y discutible”.

En este punto señaló la dificultad de incrementar los ingresos con las fuentes actuales de financiación y denunció que el Sistema soporta costes que, a su juicio, deberían asumirse vía presupuestos.

En concreto, refirió que España tiene un nivel de cotizaciones sociales “bastante alto, el más alto de los países de nuestro entorno”. “Con los años hemos ido sobrecargando la Seguridad Social por el lado de los ingresos y por la parte de los gastos, con una responsabilidad que probablemente no tendría que estar” en este sector, consideró.

Según Escrivá, si el esquema de ingresos y gastos de la Seguridad Social “estuviera como en los países de nuestro entorno (…) corregiríamos dos tercios del déficit”.

Pero para ello defendió que los Presupuestos tendrían que asumir el pago de políticas no contributivas que se están abonando con cotizaciones sociales o de subsidios que también soporta la Tesorería de la Seguridad Social, además de los costes administrativos del organismo que se elevan a unos 4.000 millones de euros.

REASIGNACIÓN DE COSTES

Solo con estas reasignaciones, Escrivá indicó que la actual situación de déficit de la Seguridad Social pasaría a equilibrio, e incluso a una situación de “ligero superávit”. “Lo que pasa es que, a veces, es fácil decir que lo arregle el Ministerio de Trabajo y no tiene apenas palancas”, insistiendo así en la dificultad de elevar el coste del trabajo cuando las cotizaciones sociales en España son ya muy altas.

El presidente de la Airef desveló que “los mimbres” con los que el Instituto Nacional de Estadística (INE) realizó las proyecciones a medio y largo plazo eran además “muy débiles”, ya que el organismo “asumía la ‘japonización’ de la población” pero donde se pasaría de unos 32 millones de personas actuales en edad de trabajar a unos 23-24 millones en el año 2050.

Escrivá confesó que la Airef habló con el INE para diseñar unas proyecciones más modernas y con una mayor “sofisticación” en la proyección de las pensiones, y reclutó a personal cualificado a nivel internacional para efectuar un mejor análisis que le permitiese emitir una opinión sobre la sostenibilidad de las pensiones.

Una vez reajustadas esas proyecciones refirió que cuando se introducen las reformas paramétricas y se tiene en cuenta la dimensión del envejecimiento, se obtiene que el “problema de las pensiones” alcanzará “el 3% del PIB” en el pico de los años 2048 y 2050, asumiendo también que se mantiene el poder adquisitivo de los pensionistas. Estos números son para un escenario central, ya que indicó que la gravedad de problema podría alcanzar el 6-7% del PIB “si no haces nada” y en un escenario de empobrecimiento máximo de la economía.

Sin embargo, estimó que con la reforma de 2011 se “corrige gran parte del problema” pero hay que aplicarla. Conforme a sus cálculos, si la edad efectiva de jubilación se eleva a los 67 años establecidos frente a los actuales 62,7-63 años, “corregimos más de la mitad del problema que hemos identificado de gasto” y “si seguimos avanzando en la cotización de 25 años a toda la vida laboral corregimos una parte significativa”.

En cualquier caso, valoró como positiva la reforma del año 2013 que impide a los actuales pensionistas tener que encarar cualquier cambio que se introduzca “de forma sobrevenida”.