Según informó la Policía Nacional, las investigaciones comenzaron tras el estudio de la documentación intervenida en una operación policial de tráfico de estupefacientes, y que podría estar relacionada con la obtención fraudulenta de prestaciones y subvenciones de la Seguridad Social u otros de sus entes colaboradores.

Los investigadores comprobaron que la empresa mantenía una serie de deudas con la Seguridad Social por un importe de 451.491,29 euros. A ello se sumaban las generadas por el propio empresario por el impago de sus propios seguros sociales, que alcanzaban los 53.456,95 euros.

Además, de los 138 trabajadores dados de alta en las distintas actividades declaradas por la empresa, que iban desde la carpintería a la restauración y a otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática, para lo que declaraban distintos domicilios de actividad, 43 solicitaron y obtuvieron prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tras finalizar su actividad laboral en la sociedad investigada, por un importe total de 213.922,84 euros.

Asimismo, otros siete trabajadores más habían solicitado y obtenido prestaciones indebidamente del Instituto Nacional de la Seguridad Social por incapacidad temporal, maternidad, pensiones y otras razones por valor de 34.808,16 euros, con lo que el fraude total descubierto alcanzó los 753.679,24‬ euros.

Los agentes también constataron que alguno de los presuntos trabajadores extranjeros había utilizado el alta en la sociedad para renovar su documentación o regularizar su situación en España, hechos por los que se han producido dos detenciones.