La guía, titulada ‘Discapacidad, Información no Financiera, Transparencia y Buen Gobierno - Avanzando en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible’, se publica coincidiendo con la celebración este miércoles del cuarto aniversario de la aprobación por parte de Naciones Unidas de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se puede acceder y descargar la guía en este enlace.

El documento comienza con un repaso por las obligaciones legales existentes en la actualidad, que se han visto incrementadas a finales del pasado año, cuando se aprobó la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, de información no financiera y diversidad.

Con ella, se transpuso al ordenamiento jurídico español la directiva europea sobre esta materia y se introdujeron mandatos añadidos, logrando una ley más exigente, gracias a la labor de incidencia de la sociedad civil articulada en torno a la discapacidad.

Las empresas obligadas a publicar estados de información no financiera acompañando a las Cuentas Anuales son las que tienen una plantilla superior a 500 personas, las que tienen carácter de interés público o las que superan un determinado volumen de negocio, entre otras. Eso sí, el número de empresas afectadas se irá incrementando en los próximos años.

Las sociedades cotizadas, según la legislación vigente, deben garantizar aspectos como el respeto al medioambiente o la igualdad de género, así como la no discriminación por razón de discapacidad, entre otras cuestiones.

En este sentido, para que las políticas que se llevan a cabo en las empresas quede adecuadamente reflejada en la información no financiera, la guía del Cermi, Fundación Bequal y Fundación ONCE aconseja explicar si uno de los criterios a la hora de seleccionar a integrantes del órgano superior de gobierno es escoger a personas con discapacidad, a fin de reflejar la diversidad social existente. Si es así, conviene también desgranar los detalles de los procedimientos y el número total de personas con discapacidad desagregados por género.

Igualmente, es preciso señalar el porcentaje de personas con discapacidad en plantilla, la cifra total separada entre hombres y mujeres y la tipología de contrato laboral. El documento destaca la necesidad de que se recojan las medidas de accesibilidad universal en las instalaciones, productos, servicios y comunicaciones de la organización, indicando los recursos humanos, materiales y económicos destinados a este fin.

Por otro lado, la guía apuesta por que las sociedades incluyan en sus memorias si se ha detectado algún caso de discriminación por razón de discapacidad y cómo lo ha afrontado la organización.

Al mismo tiempo, aconseja que se incluya el número total y el porcentaje de contratos y acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas para proteger los derechos de las personas con discapacidad, en consonancia con el respeto a los derechos humanos.

Por último, la guía recuerda que las empresas deben estar alineadas con el cumplimiento de los ODS, que mencionan hasta en 11 ocasiones a las personas con discapacidad y, además, les afecta de manera transversal. Asimismo, señala la obligatoriedad de cumplir la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado que al haber sido ratificado por parte del Estado español forma parte de su ordenamiento jurídico.