Esta es una de las principales conclusiones del informe ‘Reforzar el bienestar social. Del ingreso mínimo a la renta básica’, publicado este miércoles por el Observatorio Social de 'la Caixa', que advierte que es “urgente” acometer una reforma “en profundidad” del sistema de protección social para adecuarlo a las nuevas necesidades sociales y económicas.

Así lo expuso Sevilla en el transcurso de una rueda de prensa en la que señaló que su propuesta de implementar una renta básica universal parte de reconocer que el sistema español ya cuenta con un ingreso mínimo, definido en el mínimo personal y familiar del IRPF, que sirve de referencia para establecer la renta mínima garantizada, que se resta a la cuota del impuesto (ingreso por tipo impositivo).

Una medida que, a juicio del experto, debe estar acompañada de una aproximación gradual del resto de las prestaciones a este nivel mínimo. De este modo, todos los ciudadanos tendrían la obligación de presentar su declaración de la renta y, si estuvieran por debajo del mínimo vital, el Estado les devolvería la diferencia; en caso contrario, deberían pagar.

Para articular esta medida se debería determinar un nivel mínimo de renta garantizada igual para todos, independientemente de los ingresos, aunque se podría ver incrementado en función de las circunstancias familiares así como fijar la tarifa y su escala de gravamen, que se aplicaría sobre la renta de todos los ciudadanos, quienes tendrían la obligación de declarar sus ingresos totales y su situación familiar.

Junto a ello, sería preciso calcular la cuota del impuesto, resultado de multiplicar los ingresos del individuo por el tipo impositivo y, finalmente, restar la renta mínima garantizada a la cuota. De esta forma, para niveles de ingresos superiores al mínimo fijado, el impuesto sería positivo, mientras que para ingresos inferiores, sería negativo.

Paralelamente, según Sevilla, las prestaciones y transferencias sociales del Estado deberían “ir asimilándose gradualmente” a ese mínimo vital de modo que se acabe con las “grandes diferencias” existentes entre ellas y con la “falta de lógica que supone tener prestaciones por debajo de un mínimo que se considera de subsistencia”.

REDISTRIBUCIÓN

Tras precisar que el sistema fiscal español es uno de los que menos redistribución generan en Europa y que las transferencias sociales en España “tienen una orientación relativamente ineficiente”, Sevilla reconoció la necesidad de comprobar si este tipo de soluciones “efectivamente desincentivan el trabajo o no, si corrigen la pobreza o si son infinanciables o no”.

“Vivimos en sociedades en las que están surgiendo problemas para los que las viejas soluciones no sirven porque se están quedando pequeñas y escasas”, abundó en torno a un escenario ante el cual los expertos han tratado de aportar una visión que, “con análisis y rigor y sin dejar de ser académica, busca que pueda llevarse al BOE”.

El exministro se preguntó “por qué no puede ser universal y un derecho el acceso a un ingreso mínimo, una renta básica que fortalezca la capacidad de elección de los ciudadanos” y defendió que su propuesta no es un “sueldo”. “Debatamos primero el cómo y luego el cuánto y cómo se paga”, agregó, convencido de que se trata de un problema “complejo que no tiene soluciones fáciles”.

Por su parte, el director general de Fundación Bancaria ‘la Caixa’, Jaume Giró, director general de Fundación Bancaria ‘la Caixa’, admitió que la renta básica universal e incondicionada “tenía y sigue teniendo hoy objeciones serias que no pueden ser despreciadas” pero recordó que se trata de garantizar el “bienestar” a los ciudadanos y “corregir aquellas situaciones más lacerantes de vulnerabilidad, pobreza o exclusión”. Así, según su criterio, el documento presentado este miércoles “es tan riguroso como oportuno” al reclamar “una atención e intervención urgente” al respecto.