Esta petición fue realizada por la Comisión Penal de JJpD, que explicó que en mayo pasado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fundación A La Par firmaron un acuerdo para apoyar a las víctimas con discapacidad intelectual dentro del proceso penal, pero no se incluyó en el convenio a acusados y condenados.

Según esta asociación de jueces, las personas que con algún tipo de discapacidad intelectual o del desarrollo "encuentran graves dificultades cuando participan en el proceso penal, con independencia de la posición procesal que ocupan, ya sea como víctimas, testigos o personas investigadas, acusadas o penadas”.

Este colectivo indicó que “el sistema judicial no ha instaurado mecanismos para adecuarse a la situación individualizada de dichas personas, lo que en numerosas ocasiones genera situaciones de discriminación y vulneración de derechos”.

“DOBLE DISCRIMINACIÓN”

JJpD destacó que, en la actualidad, “tanto la figura del facilitador como las medidas de apoyo a personas con discapacidad intelectual que intervienen en el proceso penal están previstas exclusivamente para las víctimas”.

Para esta asociación de jueces, la no inclusión de acusados y condenados con discapacidad intelectual de esta protección legal supone “una doble discriminación: por su discapacidad y por su posición procesal, que contraviene la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, concretamente su artículo 2”.

Por este motivo, esta asociación de magistrados pidió que se extienda el “ámbito de aplicación” de este convenio “a todas las personas con discapacidad que intervengan en el proceso penal”, de forma que los jueces puedan acudir “a la figura del facilitador, cuando así lo requiera cualquier persona con discapacidad que intervenga en el proceso penal, sea cual sea su posición procesal, ya que en ningún caso vamos a colaborar en un trato discriminatorio hacia dicho colectivo”.