En un auto conocido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 acuerda llevar también a juicio, como responsables civiles subsidiarias, a las mercantiles Special Events S.L., Easy Concept, Good & Better, Diseño Asimétrico SL; Servimadrid Integral SL, Teconsa, Constructora Hispánica SA y Martinsa, además de a otras tres personas físicas como partícipes a título lucrativo.

La denominada ‘pieza separada Arganda del Rey’ se refiere a las actividades desplegadas por los investigados -entre 1998 y febrero de 2009- para enriquecerse de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las entidades municipales de dicha localidad madrileña.

Los hechos serían constitutivos, según el auto conocido este lunes, de los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho pasivo, falsedad en documento mercantil, cohecho activo (todos ellos continuados), contra la hacienda pública, insolvencia punible y malversación de caudales públicos.

“ACTIVIDAD DEPREDATORIA”

El procedimiento se dirige contra Francisco Correa, Pablo Crespo, José Luis Izquierdo, Isabel Jordán, Pablo Collado, Ginés López, Benjamín Martín Vasco, Juan Fernández Caballero, César Martín Tomás Morales, Isaac García Requena, Luis Bremond, José Ramón Gutiérrez Villar, María Josefa Aguado, Álvaro García del Río, Alfonso García Pozuelo, José Luis Martínez Parra, Fernando Martín Álvarez, Ramón Blanco Balín, Manuel Salinas, Amando Mayo y Joaquín Martín Vasco.

De la Mata relata en el auto de apertura de juicio oral, al referirse al delito de fraude contra las administraciones pública, que los investigados se pusieron de acuerdo para defraudar a las entidades públicas de Arganda del Rey y de forma señalada al propio municipio y la Sociedad de Fomento. Para ello, afirma, intervinieron en la sucesión de actos de planificación y ulterior ejecución de la “actividad depredatoria” que entre todos realizaron.

Así, el magistrado describe que el exalcalde Ginés López, junto con Benjamín Martín Vasco y Juan Fernández caballero, contaban con una privilegiada posición en las entidades públicas de Arganda, lo que les daba competencias muy relevantes en el área de contratación pública y permitía a la organización asegurar que los contratos “se adjudicaran conforme a los designios de la banda”.

Para ello, continúa, no dudaron en diseñar un complejo plan, cuya implementación vigilaron de forma cuidadosa desde sus distintas posiciones administrativas para conseguir sus fines, alterando el procedimiento de contratación y causando “enormes perjuicios al ente público”.

DESDE CARGOS PÚBLICOS

Otros investigados, señala De la Mata, como César Martín Tomás Morales, Isaac García Requena, Luis Bremond Triana, José Ramón Gutiérrez Villar, María Josefa Aguado y Álvaro García, desde las posiciones públicas que ostentaban, colaboraron con los designios de los anteriores en los distintos procesos de contratación evacuando informes técnicos o de valoración, validando procedimientos y autorizando facturas y pagos.

Por su parte, los investigados Correa, Crespo, Jordán y Collado Serra, según el auto, participaron armando todo el plan, “corrompiendo activamente a los anteriores con sus promesas y dádivas, hasta comprometerlos como miembros de la comunidad criminal, alcanzando un acuerdo evidente con ellos, de carácter permanente y sistemático, para conseguir la adjudicación de los contratos de acuerdo a sus intereses”.

Otros, por último, como García Pozuelo, Martínez Parra, Martín Álvarez, Salinas Lázaro, Mayo Rebollo o Blanco Balín contribuyeron decisivamente para conseguir que los contratos públicos les fueran adjudicados y, para ello, presentaron sus ofertas amañadas, sabiendo que les serían adjudicadas, con precios desorbitados, plazos de incumplimiento imposibles o con conocimiento previo de las condiciones de los pliegos. “Y para ello -añade el juez- prometieron y abonaron con las distintas metodologías indicadas, las comisiones millonarias que habían comprometido con Correa y su Grupo, que estos se repartieron ellos mismos y las indicadas autoridades”.

La resolución del juzgado central señala a la Sala de lo Penal de la Audiencia como el órgano encargado del enjuiciamiento de esta pieza y da un plazo de veinte días a acusados, responsables civiles y partícipes a título lucrativo para que presenten sus escritos de defensa.