Según informó este lunes la Delegación del Gobierno del País Vasco, fruto de las investigaciones llevadas a cabo por ilícitos relacionados con víctimas de extorsiones en las que se reproducía un mismo ‘modus operandi’, se obtuvo información acerca de la existencia de un grupo criminal que se dedicaba, de forma agresiva, a coaccionar y amenazar a usuarios de páginas web de citas, con la difusión de dicha actividad en redes sociales y su comunicación a familiares de las víctimas, a nivel nacional.

Los detenidos usaban una conocida página web de contactos para captar a las víctimas, que superarían el centenar. Una vez las personas contactaban con anuncios de dicha página, se ponía en marcha la maquinaria de extorsión, recibiendo las citadas víctimas mensajes a través de la aplicación Whatsapp o llamadas telefónicas coactivas en las que se les conminaba a pagar una cuantiosa cantidad de dinero bajo la amenaza de que dichos encuentros iban a ser puestos en conocimiento de sus familiares, publicados en redes sociales o llegando, incluso, a amenazar con el empleo de violencia física.

En un primer momento se solicitaba el pago de forma velada para ir, poco a poco, aumentando la agresividad de las amenazas y coacciones, hasta el punto de amenazar de muerte a las víctimas.

En el marco de la Operación Involvent/Monaliza se han detenido a un total de 10 personas por delitos de pertenencia a grupo criminal, extorsión y blanqueo de capitales. También se han realizado cinco registros domiciliarios en los que han sido intervenidos 14.900 euros en metálico, 22 teléfonos móviles y 66 tarjetas para dichos terminales.

Además, ha sido incautada diversa documentación, discos duros y cuatro réplicas de pistolas. Asimismo, se ha procedido al bloqueo judicial de 11 vehículos y 41 cuentas bancarias, presuntamente utilizadas en la actividad delictiva.

Esta organización criminal se dedicaba a operar desde la provincia de Valencia, si bien sus víctimas se distribuyen por todo el territorio nacional, habiendo identificado, hasta el momento, víctimas en las provincias de Teruel, Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Navarra, Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón, Murcia, Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Salamanca, Valladolid, León, Sevilla, Almería, Huelva, Jaén, La Coruña, Orense y Cantabria.

Tras pasar a disposición judicial, el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 3 de Teruel decretó el ingreso en prisión de nueve de los detenidos.