En un comunicado, la asociación de autónomos destacó que dicha diferencia se incrementa dependiendo de la provincia donde residan, y pone como ejemplo que la diferencia asciende a 969 euros al comparar la pensión media de un asalariado del País Vasco con un autónomo gallego.

Al comparar la pensión de autónomos y asalariados de la misma provincia, en el caso de Madrid la diferencia es de alrededor de 651 euros, con una pensión media de 1.487 euros para los asalariados y de 837 euros para los autónomos. En Barcelona, la diferencia es de 516 euros, y en Sevilla, de 384.

Además, UPTA señala que también entre los autónomos existen grandes desigualdades en este sentido, ya que la pensión de jubilación media de los denominados autónomos rurales apenas supera los 725 euros, mientras que los autónomos de las grandes urbes o de sus áreas de influencia se sitúan en los 850 euros.

Los casos más graves, denuncia la asociación, se recogen en Galicia, cuya pensión media de jubilación es de 653 euros; Extremadura con una pensión media de jubilación de 716 euros; o Castilla León, con 736 euros; en comparación con las pensiones medias de jubilación de autónomos residentes en Navarra, País Vasco o Madrid, con pensiones de jubilación que oscilan entre los 906, 860 y 836 euros, respectivamente.

Para el presidente de UPTA, Eduardo Abad, “este debe ser uno de los grandes debates del futuro, hay que remediar esta situación y las cuantías que perciben los autónomos en concepto de pensión, sobre todo en el caso de la pensión de jubilación”. “Después de cotizar toda una vida, perciben pensiones que en muchos casos no les aseguran ni un mínimo de ingresos para vivir con dignidad, este es el drama de gran parte de nuestro colectivo una vez concluyen su carrera profesional”, añadió.

Por ello, UPTA considera “vital que diseñemos un nuevo modelo de cotización que permita a miles de trabajadores autónomos regularizar sus cotizaciones antes de finalizar el año corriente.”

Para ello, aboga por plantear a los trabajadores por cuenta propia la necesidad de aumentar las bases de cotización de cara a su jubilación y que sea el Estado el que a través de iniciativas de incentivación de cotizaciones desarrolle los mecanismos fiscales necesarios para que esto se produzca de forma natural.