Así lo recoge en el capítulo dedicado a la Fiscalía Antidroga dentro de su memoria anual, hecha pública este lunes y en la que también denuncia el tráfico de drogas de todo tipo a través de los puertos de Barcelona y Cantabria y los aeropuertos de la ciudad Condal, Madrid y Málaga así como del fenómeno de los narcopisos.

Asimismo, aboga por “redefinir” la competencia de la Audiencia Nacional en la instrucción y enjuiciamiento de los delitos de tráfico de drogas, porque, a su juicio, la regulación vigente “ha quedado realmente obsoleta”.

Esta nueva regulación debería, a su entender, incluir, al menos, las investigaciones sobre grupos y organizaciones trasnacionales objeto de investigación por otros países, facilitando, así, la “centralización” en la Audiencia Nacional de la cooperación judicial internacional.

PROCEDIMIENTOS ABIERTOS

En cuanto a la actividad procesal de la Fiscalía Antidroga, los procedimientos totales abiertos por tráfico de drogas en España ascendieron en 2018, con un total de 17.348 diligencias previas, cuando en 2017 la cifra ascendió a 16.436.

Por lo que respecta a procedimientos abiertos en este ámbito por las fiscalías provinciales, destaca el aumento del 475,86% experimentado por la Fiscalía de Cantabria, que registró 167 procedimientos el pasado ejercicio; Guadalajara, que con 52 procedimientos aumentó su actividad un 116,67%, y Palencia, con 49 procedimientos y un 104,17% de incremento.

En el extremo opuesto, los procedimientos bajaron un 84,62% en Soria, que registró cuatro; un 65% en Teruel, con siete, y un 44% en Cuenca, con 14 en 2018. Por lo que se refiere a Madrid, acumuló 2.461 procedimientos y registró un aumento del 12,27%, y Barcelona, con 2.173, subió un 12,53%.

En referencia a jurisdicción militar y en relación a expedientes disciplinarios instruidos como consecuencia del consumo de drogas “con habitualidad o en el desempeño del servicio”, se abrieron 103.

JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCIÓN

Por otra parte, la memoria destaca que, aunque se mantiene una “progresiva disminución” de procedimientos incoados por los juzgados centrales de instrucción, ha habido un “ligero aumento” respecto a 2017, con 70 por 63 el ejercicio anterior.

De forma paralela, en el área de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas también se ha producido una “progresiva disminución” de procesos incoados, pasando de ocho en 2017 a dos en 2018, lo que representa una reducción del 75%.

Durante 2018, los órganos judiciales de la Audiencia Nacional han dictado un total de 44 sentencias en procedimientos penales competencia de esta fiscalía, una más que en 2017, lo que supone un aumento del 2,32%. De todas ellas, 34 han sido dictadas en procedimientos ordinarios y el resto en abreviados.

En cuanto a dictámenes, los fiscales emitieron en 2018 un total de 6.292, un 5,18% más que en 2017, lo que supone una media de 484 dictámenes por fiscal, a los que habrá que añadir los emitidos en materia de vigilancia penitenciaria.

En 2018, estos aumentaron a 6.545, un 32,17% más que el año anterior, lo que supone una media de 503 dictámenes anuales por fiscal, que, añadidos a los generales, supone un total medio de 987 dictámenes por fiscal.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Asimismo, en su memoria anual, la Fiscalía pone de manifiesto el “notable incremento” del número de procedimientos en cooperación internacional, que han pasado de 584 en 2017, a 1.253 en 2018, lo que supone un aumento del 114,55%. Dentro de ellos, las órdenes europeas de investigación han pasado de 59 a 522, con un incremento del 784,74%.

Los asuntos recibidos en este área pasaron de 135 a 150 tanto en los procedimientos judiciales de cooperación internacional como en las diligencias informativas y diligencias de investigación, lo que supone un incremento del 11,11%.

Por ello, la Fiscalia juzgó “insuficiente” el número de efectivos adscritos a la Unidad de Policía Judicial de la Fiscalía General del Estado y a la que se encuentran destinados seis funcionarios, cinco del Cuerpo Nacional de Policía y uno de la Guardia Civil.

DESTRUCCIÓN DE DROGAS

En cuanto a la destrucción de drogas, según datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, desde la creación de la comisión de depósito de la destrucción de drogas, 2018 fue el año en que se produjo la mayor destrucción de estas sustancias desde 2012.

Así si el año pasado esta cifra se elevó hasta los 595.549,92 kilos en el ejercicio 2018, en el que se consumó un “repunte” en las cantidades depositadas en las Unidades Regionales de Custodia y Depósito.

Pese al aumento de puntos de destrucción, dichas instalaciones están llegando al “límite de sus capacidades”, a juicio de la Fiscalía. Según sus datos, la droga recepcionada en estas unidades ascendía a los 309.697,980 kilos en 2018 y la droga destruida supuso un 84,76% de toda la recepcionada, con un total de 298.469,872 kilos a 31 de diciembre, mientras que la almacenada superaba los 50.000 kilos. Además, subraya que, para final de año, se espera una “reducción significativa” de las cantidades depositadas.

El documento señala la problemática “específica” de la destrucción de plantas de cannabis incautadas, que están experimentando un “aumento exponencial” y en torno a la cual el Citco ha hecho gestiones para su destrucción en vertederos de basura y en otras dependencias diferentes de los hornos tradicionales.

Finalmente, hace hincapié en la “problemática” del depósito de Cádiz, aún en obras, y de Málaga, provincia en la que aún no existe, aunque avanza la posibilidad de conseguir un depósito de aduanas que paliará la “sobrecarga” del depósito de Algeciras. En cuanto a nombramientos, en está en trámite la petición del fiscal provincial de Granada para la creación de una plaza de delegado de esta fiscalía especial.