Así lo señaló el sindicato en un comunicado en el que reclama un cambio en la normativa que tase “con absoluta claridad” las causas de la contratación, además de exigir mayor protección legal para los trabajadores, con “indemnizaciones adecuadas y multas más elevadas y disuasorias para que a los empresarios no les salta barato incumplir la ley”. En este sentido, recordó que actualmente, la sanción máxima, sea cual sea el número de trabajadores afectados por el fraude, no supera los 6.250 euros.

Asimismo, la central sindical exige que el coste económico de extinguir un contrato temporal en fraude sea más caro que el coste de extinción de un contrato indefinido. Sobre este punto, apuntó que, actualmente, cuando la actuación judicial declara un contrato en fraude de ley y éste se convierte en indefinido, la empresa tiene la opción de reincorporar al trabajador, “algo que extrañamente se produce”, o el despido improcedente, con la consiguiente indemnización, “algo que al empresario le resulta barato dada la escasa antigüedad de los trabajadores temporales”.

Además, UGT denuncia que en estos casos el fraude empresarial carece de consecuencias económicas ni de cualquier otro tipo, ya que “todo se reduce simplemente a corregir la decisión del empresario, pero sin sanción alguna”, por lo que “el fraude tiene el mismo coste y las mismas consecuencias que el cumplimiento de la ley”. De esta forma, el sindicato destaca que se incentiva el fraude.

Por último, la central liderada por Pepe Álvarez critica también la insuficiencia de medios y recursos que se destinan a perseguir este fraude por la vía de la Inspección de Trabajo y la limitada eficacia de los mecanismos sancionadores.