Así lo precisó este sábado la secretaria autonómica de Asistencia Primaria y Servicios Sociales, Helena Ferrando, a través de un comunicado en el que destacó que este protocolo permitirá mejorar la “eficacia de la atención que se presta a niños y adolescentes protegidos o en conflicto con la ley y garantizará su derecho a recibir una atención de calidad en los servicios públicos".

Será posible merced a la colaboración de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, a través de la Dirección General de Infancia y Adolescencia, con la Universidad de Valencia, y busca convertirse en un “sistema único y objetivo de evaluación de este tipo de situaciones”, que “favorecerá la implementación de programas adecuados a las necesidades de cada situación".

Se trata de un instrumento que, según Ferrando, será utilizado “especialmente” por los profesionales que atienden a estos menores a través de los servicios sociales de atención primaria, que se encuentran en los ayuntamientos.

La Dirección General de Infancia y Adolescencia estima “conveniente” promover actividades de investigación, divulgación y transferencia del conocimiento orientadas a mejorar la eficacia de la atención que se presta a los niños y adolescentes protegidos o en conflicto con la ley, “con la finalidad de garantizar su derecho a recibir una atención de calidad en los servicios públicos", apostilló Ferrando.