Esta norma define en su artículo 2 al asistente personal como el servicio prestado por alguien "que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal".

El objetivo de la citada proposición, aprobada por unanimidad en la Comisión de Trabajo e Inmigración de la Cámara Baja, es garantizar la estabilidad en el empleo del asistente personal y acomodarlo "fielmente" a las necesidades detectadas.

Concretamente, la propuesta pide al Consejo Territorial de la Dependencia, que representa al Gobierno y a los responsables de esta área en las CCAA, que establezca los "requisitos y funciones del asistente personal, así como su regulación laboral, con la finalidad de garantizar su estabilidad en el empleo y acomodar fielmente dicha figura a las necesidades detectadas".

El texto aprobado en el Congreso anima al Consejo Territorial de la Dependencia a emprender este trabajo después de conocer las conclusiones de evaluación de los resultados de la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.