En declaraciones a Servimedia, la presidenta de FMP, Yolanda Besteiro, se felicitó ante el anuncio del Ejecutivo, pues "ya era hora de empezar a poner fin a una situación que es claramente ilegal en España, pero que se había normalizado de forma aberrante".

"Ya era hora de empezar a investigar qué hay detrás de estas agencias, que con su publicidad normalizan y blanquean la explotación de la capacidad reproductiva de las mujeres y la compra y venta de bebés", dijo.

Según la presidenta de Themis, Ángeles Jaime, tanto el Código Penal como la Ley de Reproducción Asistida "prohiben taxativamente" la gestación subrogada en España.

Señaló que los contratos que estas agencias gestionan "son totalmente nulos", que estos niños han de ser entregados a las comunidades autónomas (las responsables de la protección de los menores) y que las familias deben iniciar un proceso de acogimiento o adopción. Recordó que una sentencia del Supremo ya lo estableció así en 2015.

Sin embargo, muchos consulados registran a los niños y permiten "de facto" una vulneración de la ley. Por eso esta decisión, concluyó que emprender una investigación "es un primer paso para acabar con este limbo legal".