Archivada la expulsión de la mujer hondureña detenida por "estancia irregular" mientras denunciaba una agresión
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La Delegación del Gobierno en Valencia ha archivado el procedimiento de expulsión abierto a la mujer hondureña que acudió a la comisaría de Xirivella (Valencia) a denunciar la agresión sufrida a manos de un hombre español.
El caso provocó una fuerte reacción popular contra la actuación policial, que dio prioridad a la situación irregular de esta persona frente a la protección que debe recibir cualquier víctima.
En un comunicado, Valencia Acoge instó al Ministerio del Interior a dictar de inmediato una instrucción de obligado cumplimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que en ningún caso sean incoados expedientes de expulsión a quienes acudan a sus dependencias a denunciar o realizar algún trámite. Varias ONG más y el propio defensor del Pueblo exigieron también a Interior que actúe a fin de garantizar la protección a las víctimas de delitos, con independencia de su situación administrativa.
El pasado 3 de mayo, una mujer hondureña y un amigo español acudieron a la comisaría de Xirivella (Valencia) a denunciar las agresiones, insultos y amenazas que acababan de padecer por parte del casero de él. En comisaría, cuando ya habían empezado a explicar que el casero agredió a la mujer al tratar de entrar en la habitación donde se habían recluido, el policía les pidió la documentación.
Ella salió al coche a recoger la copia de su pasaporte y, al regresar, agentes de extranjería le detuvieron y le incoaron un procedimiento de expulsión “por estancia irregular”. Su acompañante acabó de presentar la denuncia mientras que la joven tuvo que ir días después al juzgado de guardia para denunciar el ataque y las lesiones fruto de la agresión, que le provocaron hematomas y contusiones en brazos y hombros, según consta en los informes médicos.
Según València Acoge, este modo de actuar de la policía "es inadmisible", ya que "provoca que las personas sin papeles teman denunciar los abusos y, consecuentemente, propicia el incremento del racismo y la xenofobia y su impunidad.
Tres meses después, el subdelegado del Gobierno, José Roberto González, estimó "oportuno proceder a su archivo” tras valorar un informe policial que propone el “archivo final” del expediente sancionador, según la resolución con fecha 6 de agosto recibida por la víctima.
(SERVIMEDIA)
12 Ago 2019
AGQ/pai