El Consejo de Ministros aprobó este proyecto de ley a mediados del pasado mes de julio y con él se busca reconocer "como tarea de interés general la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones más representativas".

Esta ley servirá para configurar un marco jurídico que suponga el reconocimiento y mejor visibilidad de la economía social, otorgándole una mayor seguridad jurídica.

En la ley se indica que el sector de la economía social está formado por organizaciones, entidades y empresas que actúan en la actividad económica mediante principios como primacía de las personas y del fin social sobre el capital, y aplicación de los resultados en función del trabajo y servicio prestado por los socios.

Se trata de empresas que en el ámbito de la Unión Europea se agrupan en cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones y que, en España, se concretan en cooperativas, mutualidades de previsión social, empresas de inserción social, asociaciones de discapacitados, cofradías de pescadores o sociedades agrarias.

En cuanto a la representatividad, el proyecto de ley reconoce la importancia de la existencia de asociaciones que representen a la economía social y da un papel destacado a las confederaciones intersectoriales de ámbito estatal representativas.

Durante el trámite de enmiendas en la Comisión de Trabajo e Inmigración, que tiene competencia legislativa plena, los principales grupos parlamentarios han presentado enmiendas con el fin de incluir una nueva disposición adicional por la que se reconoce a la ONCE como entidad singular dentro de este sector productivo y que está personificada jurídicamente como una corporación de derecho público y de carácter social.

Los grupos también señalan en sus enmiendas que los objetivos sociales de la ONCE se dirigen a la consecución de la autonomía personal y plena integración de las personas ciegas y con deficiencia visual grave.