Durante la reunión que mantuvo esta tarde en Madrid junto a la ministra de Sanidad, Bienestar Social y Consumo en funciones, María Luisa Carcedo, con organizaciones sociales de lucha contra la desigualdad, el presidente de la Plataforma de Infancia, Adolfo Lacuesta, entregó a Sánchez un documento con 17 medidas para mejorar la situación de niños, niñas y adolescentes en España durante la XIII legislatura.

La Plataforma de Infancia reconoció los avances positivos en la lucha contra la pobreza infantil en la última legislatura, como la creación del Alto Comisionado de lucha contra la Pobreza Infantil y el incremento de la prestación por hijo a cargo de los 291 euros anuales actuales a 341 euros –28,5 euros mensuales– para familias con hijos e hijas en situación de pobreza, y a 588 euros al año –49 euros mensuales– para familias que se encuentren en situación de pobreza severa.

Sin embargo, aunque la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) en la infancia ha ido disminuyendo desde 2014, destacó que todavía es de las más altas de Europa (29,5 en 2018), lo que equivale a 2,46 millones de niños viviendo en esta situación en España”.

Lacuesta señaló como medida medida inmediata y efectiva para luchar contra la pobreza infantil la necesidad de incrementar la prestación por hijo a cargo progresivamente hasta el año 2022 tanto en umbrales, para alcanzar, al menos, a todos los niños y niñas en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, como en cuantía (hasta 100 euros mensuales).

Además, insistió a Pedro Sánchez en la importancia de firmar un Pacto de Estado por la Infancia en la próxima legislatura, una medida que vienen pidiendo las ONGs de infancia desde 2014, que garantice el aumento progresivo de la inversión real dedicada a la infancia hasta alcanzar la media europea (2,4% del PIB) y que asegure su no regresividad en épocas de crisis económica. Ambas medidas deberían hacerse en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023.

Por otra parte, Lacuesta dijo que, a pesar del incremento del gasto público en educación, el país sigue por debajo de la media europea. Esta infradotación, así como la falta de políticas de equidad, repercute especialmente en las familias con menos recursos.

Por ello, cree necesario incluir en los presupuestos para 2020 la ampliación de la inversión en educación y en becas y ayudas al estudio para alcanzar la media europea del 0,44% del PIB en 2020 y el aumento progresivo en los próximos 4 años, de la oferta de plazas públicas (hasta 70.000) en educación infantil 0-3, garantizando el acceso a los niños y niñas en situación de riesgo de pobreza y exclusión social.

La violencia contra la infancia es otro de los grandes problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad, sólo en 2017 se interpusieron 29.332 denuncias por delitos violentos contra niños, niñas y adolescentes.