El Ministerio de Asuntos Exteriores emitió un comunicado después de que el Nuncio Apostólico en Managua, Waldemar Sommertag, que actúa como mediador entre las partes, anunciara recientemente la ruptura de este proceso negociador.

El Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica iniciaron una segunda ronda de negociaciones que permitió alcanzar, el pasado mes de abril, acuerdos parciales referidos a la liberación de los manifestantes encarcelados a raíz de los sucesos ocurridos a partir del 18 de abril de 2018, y la restitución de los derechos civiles suspendidos durante los últimos meses.

A pesar de ello, el Gobierno de Nicaragua no ha cumplido en su totalidad los acuerdos, según Exteriores, puesto que “continúa habiendo manifestantes presos, mientras que los liberados lo han sido al amparo de una Ley de Amnistía adoptada unilateralmente por el Gobierno que condiciona su liberación y podría estar encubriendo responsabilidades en materia de Derechos Humanos”.

A su vez, según el Ejecutivo, “tampoco (se) ha avanzado en su compromiso de restituir derechos y libertades civiles que garanticen el derecho de manifestación y expresión a todos los ciudadanos”.

Por todo ello, el Gobierno reclamó al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que “cumpla plenamente los compromisos adquiridos, reconsidere su decisión y facilite la negociación con la Alianza Cívica, en el entendido de que únicamente mediante el diálogo entre las partes y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación con la Alianza Cívica será posible alcanzar una salida política a la crisis política que atraviesa Nicaragua y que está generando enormes perjuicios al país y a sus ciudadanos”.

También reiteró su voluntad de contribuir en la búsqueda de una solución a la crisis, “si las partes así lo requieren”, y dejó claro que el Gobierno de Nicaragua “tiene la obligación de garantizar los derechos de todos los ciudadanos”.