Ciudadanos recordó que el artículo 57, apartado 2, de la Lomce establece que las administraciones educativas deben asegurar los recursos necesarios para que el alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todos los escolares.

En la legislatura pasada, el grupo parlamentario del partido de Albert Rivera presentó enmiendas a los Presupuestos Generales, que fueron aprobadas, con el fin de que se diera cumplimiento al artículo 71.2 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Asimismo, instó a que en el real decreto de becas se estipularan beneficiarios y criterios de asignación de becas a los estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje.

La Federación Española de Dislexia y otras DEA -Dificultades Específicas de Aprendizaje- (Fedis) estima que la dislexia, un trastorno del aprendizaje que provoca dificultades en áreas relacionadas con el lenguaje, tiene una incidencia del 15% entre los españoles. Actualmente la única medida para poder detectarla y tratarla es mediante un tratamiento multidisciplinar con un alto componente psicopedagógico. Según estimaciones de Fedis, el coste medio del proceso de diagnóstico y detección puede variar entre los 200 y 400 euros por alumno en función de la comunidad autónoma, mientras que el tratamiento para su corrección y minimización puede superar los 2.500 euros anuales.