Así lo dijo el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, en una rueda de prensa para presentar el informe ‘El sistema de protección social en España 2018’.

Bravo puso de relieve que la situación política, con el Gobierno en funciones y tras la investidura fallida, genera “intranquilidad”.

Señaló que, como consecuencia de esta situación, cabe la posibilidad de que las pensiones vuelvan a revalorizarse un 0,25% el próximo año si no se aprueba una norma con rango de ley que lo evite.

Bravo explicó que el Gobierno en funciones no puede adoptar esta decisión y que solo cabe hacerlo a través de una proposición de ley que se impulse en el Parlamento y se apruebe antes de que su posible disolución por una convocatoria electoral. “Si el 23 de septiembre hay disolución de Cortes, esta opción tampoco será posible; o se toman medidas para corregir la situación política, o tendremos un problema”, afirmó. A su juicio, la “solución más clara” es que se forme el Ejecutivo cuanto antes.

Bravo desveló que se está tratando este asunto con UGT y con las organizaciones empresariales para establecer un consenso de la parte de los agentes sociales, y también con el Gobierno y con los grupos parlamentarios.

REFORMAS DE 2011 Y 2013

Este responsable en CCOO señaló que hay un “consenso amplísimo” para sustituir el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) de la reforma de 2013, que determina la subida mínima del 0,25%, pero “hace falta que se pueda ejercer esa mayoría política y eso solo es posible si las Cortes están funcionando”.

Consideró que esta reforma disminuye la cobertura del sistema de pensiones para absorber el impacto de la evolución demográfica y que los pensionistas perdieron 0,7 puntos de poder adquisitivo entre 2014 y 2017, teniendo en cuenta la inflación interanual medida de noviembre a noviembre.

Mientras, la reforma de pensiones de 2011, “con amplio consenso político y social”, está desplegando sus efectos y revela que el 58,3% de las personas que se jubilaron en 2017 cumplían con los requisitos para acceder a la ordinaria a los 65 años. De éstos, el 73,4% eran hombres y el 35,1% eran mujeres, porcentajes superiores a las de 2009.

Por otra parte, el informe muestra que la jubilación anticipada sigue un patrón muy estable, y dentro de ésta, la “amplia utilización” de la jubilación anticipada a los 63 años y la jubilación parcial han sido fruto en gran medida del ajuste legislativo que ha posibilitado en ambos casos los procesos de reforma negociados.

En concreto, la jubilación parcial ha pasado de suponer un 14,1% en 2008 a un 5,9% en 2013 y un 10,8% en 2018.

Además, Bravo citó que el nuevo derecho de cotización de los becarios está protegiendo a 85.000 becarios en los meses de periodo lectivo y a 60.000 personas en periodos estivales.

PROTECCIÓN POR DESEMPLEO

En protección por desempleo, “tenemos un deterioro”, dijo Bravo, quien explicó que se ha paliado parcialmente con el subsidio para parados mayores de 52 años y con el Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED). En esta materia, pidió una reordenación completa del sistema.

El responsable de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO se refirió a la propuesta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) de reducir el tipo de cotización por desempleo entre tres y cuatro puntos en favor de la cotización por contingencias comunes (pago de pensiones), para equilibrar el déficit de la Seguridad Social.

Bravo consideró que es “inviable” transferir tres puntos, y apostó en su lugar por hacer una reordenación de los gastos del Sistema “más limitada”. Indicó que revertir los cambios en desempleo que se aprobaron en la reforma de 2012 cuesta 967 millones de euros al año y que transferir un punto de cotización de desempleo a contingencias supone entre 3.000 y 3.500 millones al año.

Además, el excedente que se registró en 2018 por cotizaciones por desempleo frente a prestaciones superó los 9.000 millones. “Tenemos margen para hacerlo (reordenación de gastos), hace falta un interlocutor en el Gobierno”, dijo.