No obstante, las autoridades comunitarias recordaron que, en caso de que alguna administración decida volver a conceder autorizaciones, la Comisión podría reactivar el proceso de infracción y estudiaría denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como ya ocurrió con Malta, país sobre el que se dictó sentencia de incumplimiento en junio de 2018.

El procedimiento contra España se inició en 2016, dado que la Comisión constató que diversas comunidades autónomas continuaban autorizando esta práctica. Desde entonces, el Gobierno de España, como interlocutor frente a la UE, ha ido informando de los avances de las regiones para asegurar el cumplimiento de la normativa. En enero de 2019, la Comisión solicitó un nuevo informe sobre la situación en todas las comunidades autónomas, a excepción de Asturias, que ya había prohibido la captura de fringílidos.