La entidad reconoce que estableció una “carta de oferta” cuando en septiembre de 2018 desveló su nombramiento como consejero delegado al acelerarse su anuncio “a petición de UBS y el propio” Orcel, subrayando que “ni ese nombramiento fue efectivo ni el contrato” quedó “perfeccionado”, ya que sus términos aún debían negociarse en aspectos tan claves como la retribución final a la que tendría derecho.

De forma adicional la designación de Orcel debía ser autorizada por la Junta de Accionistas y evaluada su idoneidad por parte del BCE y, según recuerda el Santander, “ninguna de esas condiciones se dio”. Tal carta de intenciones “no es el contrato que exige la ley y dicho contrato nunca se materializó”, concluye en alusión a la prueba clave aportada por la defensa del italiano en los tribunales.

Conforme a su relato, desde ese mismo día del anuncio Orcel y el Santander mantuvieron “intensas negociaciones para concretar” la cuantía de la compensación a incorporar a su contrato y que preveía abonarse a lo largo de siete años en acciones del banco y “sujeto a métricas de desempeño” establecidas por la entidad.

UBS tenía construido a su favor una hucha de 55 millones pagaderas en varios años y en dicha carta de oferta se fijó que si el banco de inversión decidía abonar solo parcialmente la cuantía el Santander asumiría “como máximo” 35 millones por esa compensación, pero también se incluía la “obligación” de Orcel de “realizar todo lo posible para reducir el coste que debía asumir Banco Santander”.

Así, el banquero habría trasladado al Santander “en varias ocasiones durante el proceso unas expectativas positivas sobre la disposición de UBS a negociar los términos finales de sus pagos diferidos que nunca se cumplieron”, sostiene.

En concreto, el banquero italiano “aseguró que lograría reducir el buyout –dicha compensación- negociando con UBS para que se hiciese cargo de hasta el 50% de la cantidad que se debía” e incluso solicitó ayuda al Santander para redactar una carta que dice que “no consta” que llegase a enviar.

En contraste, Orcel rechazó destinar a reducir dicha cuantía los 13,7 millones de euros que UBS accedió a pagarle en concepto de retribución no sometida a diferimiento del bonus de 2018 y pidió otros tres millones adicionales por la pérdida retributiva en acciones que su salida de UBS dijo que le causaría.

“Banco Santander dispone de pruebas que demuestran que el Sr. Orcel entendió la decisión adoptada por el Consejo de Administración”, afirma la entidad en alusión a su decisión final de no contratarle después de que, con dichas actuaciones, indica que fue perdiendo la confianza del máximo órgano de administración.

SE COMPROMETIÓ A QUE UBS LE COMPENSASE

El Santander revela que mantuvo “negociaciones” para que Orcel pudiese retomar su carrera profesional, “incluso barajando fórmulas de colaboración con el banco”, y denuncia que por su denuncia ha conocido que desde el 12 de enero se ocupó de grabar conversaciones privadas “sin consentimiento ni conocimiento de sus interlocutores”.

A su juicio, se trata de una “práctica de dudosa calidad ética y moral para alguien que pretendía desempeñar el puesto de consejero delegado de Banco Santander, lo que viene a confirmar que la decisión adoptada por el Consejo de Banco Santander fue la adecuada”.

El 15 de enero el Santander comunicó oficialmente la decisión de no contratarlo al no darse las condiciones esperadas, ya que asegura que el banco “tenía la esperanza, generada y mantenida” por el mismo Orcel, de que UBS “asumiría una parte importante de sus incentivos a largo plazo y que, por tanto, los costes de compensación a cargo del banco serían menores”.

El banco ha salido al paso tras las filtraciones de informaciones en relación al conflicto defendiendo que existía un acuerdo sobre su remuneración y contratación y ofreciendo “una imagen distorsionada” de lo ocurrido.

Según el Santander, el nombramiento “se realizó de buena fe y después de llevar a cabo un sólido proceso de gobierno corporativo que involucró al Consejo de Administración en su conjunto” y a las comisiones de nombramientos y retribuciones, que en conjunto se reunieron en 13 ocasiones durante todo el proceso para tratar sobre el asunto.

El grupo sostiene al respecto que el proceso “fue robusto y cumplió con los más altos estándares de gobierno corporativo”. Su puesta en marcha se lanza cuando en junio de 2018 Rodrigo Echenique, vicepresidente del Santander y presidente de su filial en España, anuncia su decisión de dejar los cargos ejecutivos y se decide que José Antonio Álvarez “era el candidato más apropiado para la posición”, lo que conllevaría su relevo como consejero delegado.

El banco inició entonces un proceso de búsqueda contratando incluso a una firma especializada y durante este proceso desvela que la propia presidenta Ana Botín valoró a Andrea Orcel, “por entonces principal banquero de inversión del grupo”, y ante su interés se incorporó al proceso involucrando para su valoración a las comisiones de nombramientos y retribuciones.