Según informó el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, estos 297 millones se suman a los 2.020 millones ya distribuidos en febrero, lo que supone una cantidad total de 2.317 millones, un 9% más que en 2018. De este modo, en el mes de julio ya se habrá distribuido todos los fondos previstos para estas políticas.

Durante la Conferencia Sectorial se informó también de un proyecto de orden por el que se va a incrementar, con carácter extraordinario y únicamente para 2019, el porcentaje de las subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo.

Estas ayudas vinculan su cuantía al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente en cada momento, por lo que dichas subvenciones se han visto afectadas por la subida del SMI a 900 euros para 2019. De esta manera, se pretende incrementar el porcentaje de financiación del 50% actual al 55% del SMI, pero sólo para aquellas personas con discapacidad severa (lo que supone un aumento de 20 millones adicionales). Esta distribución se realizará en el mes de octubre de manera directa a las comunidades.

Por otra parte, el Ministerio informó a las regiones de otro proyecto de orden para modificar las bases para la concesión de subvenciones por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en el ámbito de la colaboración con las corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social.

Se trata de modificaciones de carácter técnico que han sido demandadas por las corporaciones locales: el abono del anticipo del total de la subvención concedida, una vez iniciada la obra y servicio; la segunda, se amplía el plazo máximo de ejecución ordinario de las obras y servicios hasta el 30 de septiembre del ejercicio siguiente, pudiéndose ampliar de manera extraordinaria y justificada hasta diciembre, y la ampliación a dos meses del plazo de justificación de las subvenciones concedidas.

Finalmente, en la Conferencia se planteó la posibilidad a las comunidades de formalizar su adhesión al sistema de gestión del SEPE durante los ejercicios 2019 y 2020 y la cesión del uso de la aplicación con el objetivo de promover iniciativas de formación profesional para el empleo.