Para ello, el delegado insistió en la necesidad de “trabajar con todas las asociaciones y todos los afectados para, entre todos, construir un modelo alternativo que reduzca la contaminación en Madrid”.

Además, el responsable de Medio Ambiente y Movilidad comentó que lo que ha hecho el equipo de Gobierno de José Luis Martínez-Almeida es cumplir con el compromiso de investidura de establecer una moratoria y con el compromiso electoral “sin engañar a nadie”.

En este sentido, recordó que de las primeras 8.000 multas que se pusieron, “hubo que anular 6.600 por defectos en su tramitación”, unos errores en los sistemas que “ya están corregidos y que están siendo validados con la realización de una auditoria para dar seguridad jurídica a los ciudadanos”, concluyó Carabante.

SENTENCIAS EN CONTRA

Cabe recordar que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid confirmó este martes la suspensión de la moratoria de sanciones de Madrid Central tras escuchar a las partes y consideró que el valor prioritario a defender es la salud de los madrileños y la calidad del medio ambiente.

El juez escuchó las alegaciones del Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida y, tras ello, acordó la suspensión de la moratoria sancionadora que acordó al poco de llegar a la Alcaldía. Justificó su decisión en la defensa de la salud pública, al entender que “la existencia de deficiencias en el sistema de multas debe ceder ante la protección a la salud y al medio ambiente”.

Además, insistió en que “ante una medida dirigida a la protección del medio ambiente, como es Madrid Central, el acuerdo municipal (que la suspendía) no ofrece ninguna alternativa para suplir la supresión de la zona de bajas emisiones, ni justifica tampoco que la misma haya sido ineficaz o haya producido un daño mayor del que trataba de evitar en el plano medioambiental”.

En la misma resolución se indicaba que la protección a la salud y al medio ambiente son “principios que deben regir la actuación de los poderes públicos, y en este caso es exigible en mayor medida dado que se está suprimiendo una actuación tendente a proteger ambos bienes constitucionales, sin ofrecer alternativas ni medidas opcionales”.

La Administración, decía el auto, “cuenta con medios suficientes para depurar las anomalías que puedan producirse en un procedimiento sancionador y para ello no es imprescindible eliminar la vigencia de la zona de bajas emisiones, sin perjuicio de que tales deficiencias deben ser corregidas lo antes posible para que el sistema funcione con todas las consecuencias, incluida la sanción al infractor”.

Contra esta resolución cabe la interposición de recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que es en lo que está trabajando ahora el Consistorio madrileño.